Competencia se inclina por facilitar la opa sobre el Sabadell

El Gobierno y los accionistas del Banco Sabadell se perfilan como los siguientes obstáculos en la opa que BBVA quiere lanzar sobre la entidad catalana, después de que, según fuentes conocedoras del proceso, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vaya a optar por imponer pequeños remedies –compromisos o condiciones– en el análisis de la segunda fase del proceso. En concreto, la CNMC va a optar por pactar con el BBVA medidas similares a las que el banco ya propuso en fase 1, lo que implicaría descartar desinversiones y allanar el camino a la operación, obviando así las alegaciones presentadas por el Sabadell, en las que pedía medidas de carácter estructural y rechazaba la metodología empleada por la CNMC.

El equipo jurídico del Sabadell sugería en cambio emplear el sistema que la Comisión Europea había utilizado para analizar fusiones y que se usó para la operación entre TSB –filial de Sabadell– y Lloyds. Sin embargo, la CNMC habría ya prácticamente tomado su decisión, antes incluso de realizar el llamado test de mercado, trámite para dar voz a todos los potenciales afectados por la operación, lamentan las mismas fuentes. En fase 1, Competencia ya realizó un test entre operadores de banca tradicional, banca digital (neobancos y fintechs), asociaciones de consumidores y asociaciones empresariales.

En la nota sucinta que publicó en noviembre, cuando anunció que elevaba la operación a fase 2, la CNMC explicaba que realizó un ejercicio para conocer la opinión del mercado sobre el riesgo de reducción de crédito a pymes y señaló que no fue concluyente, puesto que ciertos actores bancarios consideraban que las necesidades de diversificación de las pymes tras la concentración podrán ser satisfechas por otros operadores, mientras que las asociaciones identificaban el riesgo mencionado.

En esta fase 2 la CNMC ha descartado las personaciones de 79 organizaciones, incluyendo asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio. Ante esta postura, la semana pasada la patronal catalana Foment del Treball presentó un recurso ante la Audiencia Nacional que ha sido admitido a trámite, y donde se incluyen medidas cautelares como paralizar el proceso, si bien todavía no se ha resuelto este último punto. Fuentes de la CNMC señalaron a la agencia Europa Press que, por el momento, el proceso sigue su curso, pero que respetará la decisión que tome la Justicia.

También Cepyme se ha quejado de esta situación y se ha sumado a la patronal catalana y a la Confederación de Empresarios de Galicia para reclamar que se tenga en cuenta a “todas las partes interesadas” en la opa, principalmente a los pequeños y medianos empresarios, representadas por las asociaciones empresariales. Tal y como está establecido el proceso de análisis de una operación de concentración, el paso siguiente al finalizar la fase 2 es elevarlo al Ministerio de Economía cuando haya compromisos –por parte de la empresa–, condiciones –que son las que pone la propia CNMC– o en el caso de que la prohíba.

PLAZOS

La CNMC aprobará previsiblemente la operación con remedies, lo que implicaría que Economía tendrá que revisarla y decidir si la eleva o no al Consejo de Ministros. Para ello, el titular de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, tiene un plazo de 15 días a contar desde que reciba la resolución de la CNMC. Si finalmente llega al Consejo de Ministros, el plazo máximo que tiene para dictar su decisión será de un mes desde la notificación de Economía de elevarla. Según el artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia, el Consejo de Ministros puede valorar las concentraciones atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia.

En particular, se entiende como tales los relativos a defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

Los plazos

Objeciones

Gobierno. Las objeciones puestas desde el Gobierno a la operación se han centrado más en cuestiones de cohesión territorial, mantenimiento del empleo o inclusión financiera, en referencia a la posible reducción de plantillas y red de oficinas, y su impacto sobre el servicio que se preste a los clientes, especialmente aquellos identificados como vulnerables, como son las personas de más de 65 años o con discapacidad.

Accionistas

Sabadell. Si finalmente el Gobierno autoriza la opa, el siguiente obstáculo serían los accionistas de Sabadell. La propia entidad ha comentado en diversas ocasiones que la oferta propuesta por BBVA supone infravalorar el valor del banco en solitario.

Decisión

A final de mes. Sobre los plazos, la decisión definitiva de CNMC llegará probablemente entre finales de marzo y principios de abril. Posteriormente, el Gobierno podría demorarse mínimo 45 días en tomar una decisión, lo que supondría que la opa podría ser aprobada posteriormente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).