Cerca de 3.000 millones de euros. Es lo que pretende recaudar el Gobierno, en dos años, con el nuevo impuesto a la banca, un tributo que está despertando distintas opiniones en el sector financiero, usuarios y analistas. La principal clave está en si las entidades repercutirán el tributo entre sus clientes, una posibilidad ante la que el Ejecutivo ha prometido estar vigilante para impedir que ocurra pero que, aún así, los expertos considerán “difícil” que no se produzca.
En concreto, la proposición de ley que presentó el Gobierno de coalición a finales del mes pasado en el Congreso de los Diputados dio inicio al trámite parlamentario de dos nuevos impuestos, de carácter temporal y extraordinario, para las grandes entidades energéticas y financieras. En el caso de las primeras, estará en vigor durante 2023 y 2024 y pretende recaudar 2.000 millones de euros de los beneficios extraordinarios de estas compañías.
En el caso de la banca, se aplicará un tipo del 4,8% a todas las entidades cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superasen los 800 millones de euros en el año 2019. En la práctica, esto quiere decir que nueve entidades (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja, Bankinter, Kutxabank, Abanca y Cajamar) serán las que deban hacer frente a la nueva tasa.
La proposición de ley del Gobierno recoge que estos pagos no podrán repercutirse en el cliente. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España deberán encargarse de esta supervisión, pero no parece una labor sencilla evitar que la tasa recaiga en los usuarios. El escepticismo domina buena parte de las reflexiones de los expertos consultados.
Antonio Gallardo, jefe de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), confirma que existe un “cierto temor” en el seno de su grupo a que finalmente sea el cliente el que finalmente se haga cargo de la tasa. “Es un impuesto que, al aplicarse sobre los márgenes de beneficio y los intereses, presenta dificultades para controlar que no se carga finalmente a los clientes. Por el contrario, las comisiones son algo palpable y es más fácil comprobar si suben o bajan”, explica.
Pequeño accionista
José Alberto Pradera, ex diputado general de Bizkaia entre 1987 y 1995 y conocedor de los entresijos de las políticas fiscales, desconfía de la eficacia de los mecanismos de inspección. “Hay mil formas de repercutir el impuesto al cliente”, denuncia Pradera, que tacha de “ocurrencia” por parte del Gobierno la nueva tasa. “La banca no es un ente abstracto, la componen sus accionistas, que es la clase media que invierte ahí pensando en su jubilación o en sus ahorros. Este es un impuesto que daña al pequeño accionista, porque a los fondos de inversión les va a dar igual y los bonus que perciben los altos ejecutivos son independientes de esta tributación”, subraya.
Para Joaquín Arriola, profesor de Economía Política en la UPV/EHU, asumir la inevitabilidad del coste sobre el cliente “equivale a dar por hecho que no existe competencia y que, además, no existen mecanismos de control”. A su juicio, existen herramientas “muy rígidas” para impedir que las entidades desvíen la tasa a los usuarios. La nueva tasa se establece en el 4,8% del margen de intereses de la entidad -intereses cobrados menos pagados- más sus comisiones netas -cobradas menos pagadas-. Según la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos, “el impacto anual estimado del gravamen apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades de crédito españolas”.
Antonio Gallardo, de Asufin, valora “positivamente” el nuevo tributo por su contribución a las arcas públicas, puesto que “va a generar más recaudación en un momento en que la inflación está subiendo”, pero subraya que “la duda está en saber si lo va a pagar la banca o el consumidor. Cuando surgen nuevos impuestos y buscan el reequilibrio y la redistribución social eso está bien, pero si se repercute en el cliente puede causar un doble perjuicio, ya que el más afectado puede resultar el que ya está sufriendo la exclusión financiera”, indica este experto. En una línea similar se ha expresado Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), que valoró “muy positivamente” los impuestos a la banca y a las energéticas, al considerarlas “largamente esperadas por los consumidores”, si bien anunció que vigilará que el sector financiero no intente “con las comisiones arbitrarias y no reguladas”, compensar las cifras en sus balances.
Pradera, por su parte, cree injustificado el impuesto “en un momento en el que se está recaudando más de lo presupuestado”, además de que la tasa “crea inseguridad en todo el sistema económico y deja una imagen muy negativa para los inversores internacionales”.
Arriola admite que, aunque “el sector ha contado con ayudas impresionantes” en la última década, marcada por las fusiones, “y aún no ha devuelto totalmente los 60.000 millones del rescate”, la situación de la banca española “no es especialmente boyante en el territorio estatal, mientras que su gran negocio está en el mercado exterior”. Por esta razón, cree, se necesita una reforma más amplia del sistema tributario que, sobre las entidades financieras, incluya “políticas públicas de fomento crediticio y de inversión obligatoria en determinados sectores”.
