La borrasca que desde hace más de un año rodea al Igualatorio tiene una asombrosa facilidad para moverse entre capas de presión y cambiar los vientos de dirección. Eduardo Zabala y Rafael Martínez Jordá, dos de los fundadores de la Plataforma de Accionistas del Igualatorio (PAI), han iniciado este mes un ciclo de envío de cartas a los accionistas en las que, en esencia, ponen en tela de juicio las últimas decisiones del consejo de administración de IMQ y cuestionan la operación de venta a Adeslas, que ofrece en principio 250.000 euros por acción. Es, argumentan, un precio a la baja ya que la valoración encargada en 2018 por la compañía a KPGM y Deloitte establecía una horquilla entre 255.000 y 280.000 euros.
Para contextualizar esta posición crítica de Zabala y Martínez Jordá cabe recordar que la PAI fue el sindicato de médicos que abrió el melón de la liberalización de venta de acciones hace más de tres años. También que el consejo de entonces se opuso frontalmente al planteamiento en un principio, aunque algunos consejeros, con Beatriz Astigarraga al frente, maniobraron posteriormente para, con el apoyo de la mayoría de los accionistas, sacar del órgano de gobierno a los que mantenían el rechazo a la venta de participaciones y tomar el control de la mano de médicos de la órbita de la PAI.
un puzle incompleto
Y como últimos apuntes hay que resaltar que Astigarraga es la actual presidenta del Igualatorio y que Zabala y Martínez Jordá han sido expulsados de la PAI por defender que la propuesta de Adeslas no colmaba las expectativas de precio de venta. Todas estas cuestiones componen un puzle incompleto, pendiente de la pieza de la aprobación o no de la venta de acciones a Adeslas.
En ese contexto, los dos fundadores de la PAI a los que se ha dejado fuera del sindicato han decidido no quedarse en su casa y denunciar de forma activa los movimientos del consejo. Así, recuerdan que en la última junta no se aprobó la venta a Adeslas, sino una negociación con la aseguradora. Estiman que no se ha dado tal circunstancia, que el consejo ha aceptado el precio planteado por SCA sin intentar mejorar la oferta.
Además, sostienen que la dirección tampoco ha sabido interpretar bien el otro frente que tiene abierto, el veto que tiene a la venta de acciones el Montepío, el fondo de pensiones de los médicos. Los antiguos dirigentes de la PAI recuerdan que sin acuerdo con el Montepío no hay venta. Al contrario critican la “guerra sucia” por la toma de control del Montepío y se preguntan “en manos de quién está el Igualatorio”.
