TS obliga al Gobierno vasco a valorar retributivamente los puestos de trabajo de la Administración de Justicia

En un comunicado, ELA ha apuntado que esa valoración de puestos de trabajo, "que debía estar realizada desde 2012 para los cerca de 2.400 funcionarios de los Cuerpos Generales de Justicia" y dos años antes para el Cuerpo de Médicos Forenses, "ha supuesto dejar de abonar unas retribuciones, según categorías, de alrededor de un 20% de media al personal de justicia en Euskadi".

La cantidad podría ascender a unos 15 millones de euros anuales, por lo que ELA ha exigido "el inmediato cumplimiento del mandato judicial".

La sentencia es fruto de una reclamación de ELA contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la oficina judicial de Barakaldo pero, según el sindicato, "fija doctrina" y afecta a "la Administración de Justicia de todo el Estado".

Para la organización sindical, de esta forma se revierten "uno de los muchos recortes e incumplimientos aplicados a la plantilla de Justicia, que ha situado la pérdida de poder adquisitivo respecto del resto de personal de la Administración Pública Vasca en un 20%".

Según recuerda, el Tribunal Supremo da la razón a ELA y reconoce que, al elaborar las RPT, "necesariamente hay que determinar la cuantía individualizada del complemento específico de todos los puestos de trabajo mediante su valoración y en función de su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad".

ELA añade que "nunca ha dejado de mostrar su disposición para negociar un proceso de valoración de los puestos de trabajo así como la culminación de la equiparación retributiva pactada en su día", con el fin de poner fin a "la actual discriminación salarial que la plantilla de Justicia sufre respecto del resto del personal dependiente del Gobierno Vasco". "La falta de voluntad del Gobierno vasco nos ha abocado a tener que judicializar este y otros incumplimientos", ha añadido.

"SIN JUSTIFICACION POSIBLE"

Para el sindicato, tras esta sentencia, "queda claro que no hay justificación posible" y que el Gobierno Vasco "debe poner en marcha un proceso de valoración que termine de discriminar al personal de Justicia respecto del resto de empleados públicos de su administración".

Según ha apuntado, el actual acuerdo que regula las condiciones de trabajo de la plantilla, firmado en 2010, establece que "fruto de la valoración de los puestos, se debe producir una equivalencia retributiva y distributiva similar a la media de niveles en la administración pública vasca".

Ha añadido que esta "equivalencia se encuentra incumplida", a pesar de que el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, afirmó en noviembre de 2013, en el Parlamento Vasco, "que las cuestiones pendientes alrededor de la valoración de puestos de trabajo se resolverían en los siguientes meses". "Faltó a su palabra", ha concluido.