Los partidos ven injustificados los despidos de General Electric
El Parlamento Vasco solicita al Gobierno que analice las razones económicas del ERE
gasteiz - El Parlamento Vasco instó ayer al Gobierno autonómico a que compruebe la “veracidad” de las razones económicas, productivas y organizativas que sustentan el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la planta con la que cuenta General Electric en Ortuella.
El pleno del Parlamento autonómico debatió, a propuesta de Elkarrekin Podemos, sobre la situación de la factoría de Ortuella de General Electric Renewable Hydro, que la dirección de esta multinacional pretende cerrar, reduciéndola a un taller de servicios. A través de una enmienda apoyada de forma unánime por los grupos parlamentarios, la Cámara mostró su solidaridad a la plantilla de esta fábrica, ante el ERE planteado por la empresa.
El miércoles concluía el periodo de consultas del ERE y la reunión se cerró sin acuerdo pero se decidió continuar ayer con las negociaciones. La última oferta que está sobre la mesa supondría el mantenimiento de 38 puestos de trabajo y la salida de 99 personas, aunque, según fuentes sindicales, se sigue negociando.
Trasladar la producción Los sindicatos denuncian que el objetivo de la empresa es trasladar la producción a China o India, debido a que en estos países los salarios de los trabajadores son mucho más bajos. El Parlamento, a través de esta enmienda, ha rechazado la deslocalización de actividades productivas “basada en la simple conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio económico”.
Asimismo, el Legislativo instó al Gobierno autonómico a incluir medidas contra las deslocalizaciones en sus protocolos de relación con las empresas y en sus líneas de ayudas a industrias. - E. P.
Más en Economía
-
Qué gasta más energía: ¿un aire acondicionado o un ventilador?
-
Kutxabank se mantiene como el banco más solvente del sistema financiero español
-
Talgo confía en su recuperación con la entrada de Sidenor y la SEPI
-
El TJUE multa al Estado con 6,8 millones euros por incumplir la legislación europea sobre conciliación