BILBAO - El juicio de las denominadas tarjetas black que utilizaron ex-directivos de Caja Madrid y Bankia de manera presuntamente ilícita ha quedado visto para sentencia con los dos principales acusados Rodrigo Rato y Miguel Blesa pendientes de la petición de cárcel que pesa sobre ellos y con la esperanza, en caso de ser condenados por la Audiencia Nacional, del recurso posterior al Tribunal Supremo .

En todo caso, ayer se puso punto y final, por ahora, a los “739 días de pesadilla”, según señaló uno de los 65 acusados, el exvicepresidente de Caja Madrid, Virgilio Zapatero, en referencia al periodo transcurrido desde el día que recibió su primera citación en fase de instrucción hasta ayer en el que la Audiencia Nacional, a través de la sala cuarta de lo Penal, dejó visto para sentencia el juicio contra los referidos 65 usuarios de las polémicas tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que se enfrentan a penas de entre seis y cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida.

Aunque buena parte de la opinión pública española ha querido ver en este juicio una causa general contra ciertos comportamientos de financieros y políticos que desembocaron en la crisis económica de 2008, la más grave en medio siglo en Occidente, la realidad es que solo se juzgan unos hechos muy concretos derivados del uso de unas tarjetas de crédito como retribución añadida por un importe de unos 15 millones de euros. Una gota de agua respecto al impacto económico total supuestamente generado por la gestión de los 65 acusados como directivos de una entidad financiera, la antigua caja de ahorros Caja Madrid, a la que llevaron a la ruina hasta el punto de hacer precisa la intervención del Estado con dinero público para asegurar su supervivencia, ya como su heredera Bankia tras la salida a Bolsa de la entidad. El Banco de España asegura en sus informes que las ayudas públicas a Banco Financiero de Ahorros (BFA) y su filial Bankia ascendieron a 22.429 millones de euros, pero los peritos que investigan el caso sostienen que sumaron un total de 46.000 millones.

El abogado de la acusación particular en representación de la Confederación Sindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, mostró al término del juicio de las tarjetas black su confianza en que la Audiencia Nacional emita una sentencia “sólida y ejemplarizante” contra los 65 ex altos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia.

26 sesiones El procedimiento, que acoge la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que arrancó el pasado 26 de septiembre de 2016, ha quedado visto para sentencia tras la celebración de veintiséis sesiones en las que las acusaciones denunciaron que los beneficiarios hicieron un uso personal de las tarjetas de crédito otorgadas para gastos de representación sin declararlos fiscalmente mientras que las defensas recalcaron que las recibieron como complemento retributivo salarial.

Los acusados se han agarrado a esta tesis en el interrogatorio al que fueron sometidos pues coincidieron en alegar que se trataba de un sistema heredado (fue creado el 24 de mayo de 1988 bajo un acuerdo del consejo de administración de Caja Madrid), que les entregaban la tarjeta Visa a su llegada a la caja de ahorros madrileña sin pedirla y que era, en la mayoría de ocasiones, el secretario general de la entidad financiera el que les explicaba las condiciones de uso y el límite mensual de gasto del que podían disponer.

El tribunal tiene ahora que dirimir la naturaleza de estas tarjetas de crédito para concluir si los acusados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por emplear estos instrumentos de pago para gastos personales. En concreto cargaron a sus tarjetas de crédito compras de artículos de lujo, comidas en restaurantes, viajes privados no de negocios, menaje del hogar, safaris y un largo etcétera entre los años 1999 y 2012.

El ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, fue prácticamente el único ex alto cargo de la entidad financiera que se negó a emplear la citada tarjeta Visa porque consideraba que era una “mala praxis” e incluso advirtió a Rato de que era un instrumento ilegal.