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El Ayuntamiento de Laudio, a juicio por un caso de amianto

La familia de un trabajador del consistorio fallecido en 2012 reclama 134.000 euros al municipio que gobierna EH Bildu

GASTEIZ - La familia de un trabajador del Ayuntamiento de Laudio-Llodio que murió a consecuencia de un mesotelioma pleural causado, al parecer, por su exposición al amianto, ha reclamado cerca de 134.000 euros al consistorio en el juicio celebrado esta semana en Gasteiz.

Representantes de la Asociación de Víctimas de Amianto (Asviamie) se concentraron ante el Palacio de Justicia de la capital alavesa para denunciar el “escandaloso” e “inadmisible” comportamiento del Ayuntamiento de Laudio que, pese a estar “gobernado por la izquierda” -el alcalde es Natxo Urkixo de EH Bildu-, no acepta la indemnización de 133.806 euros que pide la familia del fallecido, Kepa Galdos.

Galdos, que murió en 2012, trabajó en tareas de mantenimiento y obras del Ayuntamiento de Laudio en contacto con el amianto entre abril de 1980 y enero de 2006, cuando causó baja por una incapacidad permanente total, según Asviamie.

La Seguridad Social reconoció las prestaciones económicas por viudedad derivadas de una enfermedad profesional y el Instituto vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, concluyó sobre su fallecimiento que existían indicios que apuntaban a la exposición al amianto y que las actividades de este trabajador “fueron realizadas todas ellas sin protección”.

El Ayuntamiento de Laudio, sin embargo, negó que la muerte de Galdos se deba a una exposición cancerígena, ya que el trabajador no era fontanero y sólo hacía reparaciones del sistema de abastecimiento de agua en situaciones de emergencia.

Además, sostiene que los materiales susceptibles de contener amianto no friable “ni se rompían ni eran reducidos a polvo de forma que pudieran liberarse fibras de amianto” y considera que el fallecido pudo sufrir esa exposición cancerígena en “otras empresas en las que trabajó”.

Este juicio estaba previsto para el pasado 13 de junio pero el consistorio consideró que debía celebrarse en un juzgado de lo contencioso administrativo y no, en uno de lo social, petición que fue denegada. - Efe