L pasado martes la UEFA comunicó oficialmente a Bilbao que no será sede de la Eurocopa 2020, a celebrar en junio y julio de este año, y ello pese a no referir y menos justificar incumplimiento alguno por parte de las instituciones vascas. La razón sobreentendida: no haberse asegurado desde Euskadi la presencia de público en las gradas (un mínimo del 25% del aforo) para dentro de escasas siete semanas y con independencia de los datos de la pandemia. Ayer, tres días después de la notificación de esa decisión unilateral e inmotivada, se ha incluido a Sevilla como sede española sustitutoria, a pesar de que no obtuvo en su momento adjudicación alguna ni a título de suplente. La capital hispalense sí garantiza la exigencia de UEFA y RFEF de asistencia popular aún en el contexto sanitario actual. Lo tendrán que explicar. Como tendrán que explicar que los estrictos requisitos impuestos a San Mamés (estadio cinco estrellas), por contrato y durante estos años, los va a cumplir La Cartuja en 45 días.

El cambio sobrevenido de sede por parte de la UEFA, propuesto por el presidente de la Federación Española, Sr. Rubiales, supone, además de un evidente incumplimiento contractual, un final controvertido para el camino de "Sede Bilbao", condicionado por la pandemia sí, pero también por las implicaciones político-deportivas y por los turbios intereses de algunos de los agentes implicados.

Cuando el 19 de septiembre de 2014 Bilbao consiguió la sede de la Eurocopa se trataba de un destacable logro, con la estimación de un impacto económico para la capital vizcaina, el territorio y todo Euskadi en torno a los 30 millones de euros. Eso sí, con una inversión de 2 millones por parte del Ayuntamiento, y de 750.000 euros por la DFB y otros tantos por el Gobierno Vasco. Un esfuerzo que valía la pena.

En lo deportivo la consecución de la Eurocopa para Bilbao acarreaba la posibilidad cierta de la presencia de la selección española, como acabó confirmándose. Los dirigentes vascos aseguraban entonces que les gustaría fuera la Euskal Selekzioa la anfitriona, pero era presumible que ese deseo no se pudiera materializar pese a la apuesta por la oficialidad internacional de nuestra selección. Ello (no puede soslayarse) supuso y supone la prevención de buena parte de la población bilbaina y vasca, por ser precisamente quien impide a día de hoy la representatividad de Euskadi quien ha de ser acogido como local. Con todo, el evento se justificaba por el importante retorno económico para la villa y para el país.

La crisis sanitaria ocasionó el aplazamiento a este 2021, si bien la cruda continuidad de sus efectos desaconseja todavía hoy la asistencia de público, como está ocurriendo en multitud de acontecimientos deportivos, entre ellos los organizados por las propias UEFA y RFEF. De hecho, los aficionados bilbainos no han podido viajar a las recientes finales coperas, precisamente a Sevilla, ni siquiera acceder a San Mamés hasta previsiblemente muy avanzada la próxima temporada.

Ajenos a los malos datos que seguimos sufriendo en nuestra comunidad, en España y en toda Europa, los dirigentes federativos europeos y españoles "exigen" que las ciudades-sede garanticen una determinada entrada de público ya para este mes de junio. Descabellado planteamiento el que asume Rubiales, el amigo de los vascos. Bilbao planteó a las autoridades sanitarias tal posibilidad, y el Departamento de Salud del Gobierno vasco competente cifró las necesarias condiciones mínimas, lógicas y desgraciadamente inalcanzables a esa fecha. Tras su oportuna y agradecida comunicación a la UEFA la RFEF expresó su "indignación por no contar con ellos" y adelantó que "no se hacía responsable de defender la sede" por no asegurarse la presencia de público. Detrás de ello, la excusa perfecta para la indisimulada intención de su presidente, que viene de atrás, de apartar a Bilbao en favor de La Cartuja, que le reporta más dinero y regalías y que se ha comprometido al parecer (la Junta de Andalucía) a albergar un 30% de la capacidad del estadio.

Ante semejante atropello las instituciones vascas no tienen otra sino aducir el contrato firmado, cumplido fielmente desde Euskadi, y defender la inversión realizada y su necesario resarcimiento, incluyendo los daños y perjuicios irrogados. Si no hay posibilidad de presencia de público en Bilbao (extremo no recogido contractualmente) lo es por normativa y prescripción sanitarias, que están por encima del interés económico y de las prebendas de UEFA y RFEF. Los mismos que denuncian la avaricia de la Superliga, comprometen la seguridad sanitaria general por el negocio puro y duro.

El comunicado de asignación definitiva de sedes no puede ser más revelador: la UEFA dispone el traslado a Sevilla "simplemente para permitir que los aficionados asistan a los partidos después de un año sin poder ver el fútbol en directo en los estadios, decisión que permitirá un ambiente festivo en todos los partidos que se celebren en la competición de selecciones nacionales más importante de la UEFA". La salud pública al servicio del "ambiente festivo" y, en la realidad, de los ingresos y estipendios de estos "especuladores del fútbol asociación", como los definiera hace años un renombrado periodista deportivo.

Primero chantaje, luego irresponsabilidad, y al final hipocresía y desvergüenza.

Los gobernantes españoles sureños, autonómicos y centrales, tampoco parece que tengan las prioridades muy claras. O sí.

Consumado el despropósito, también hay otro prisma. Quienes piensan entre nosotros que la drástica limitación de réditos económicos que conlleva la ausencia de público no compensaba la hipoteca simbólica asumida. Creo que se me entiende.