El último tramo que restaba para concluir la variante de Ermua está ya en marcha. La Diputación de Bizkaia ha dado luz verde este jueves a la licitación del proyecto constructivo de la segunda fase de la parte oeste, la que queda pendiente, en el tramo de Mallumendi. Junto al tramo de Urtia, que ya está en fase de redacción, permitirá rematar el vial que eliminará el tráfico urbano en el municipio. "Esta aprobación marca un hito para la realización completa de la segunda fase de la Variante Oeste, garantizando que el proyecto esté alineado con las necesidades y regulaciones actuales, y permitiendo avanzar en las autorizaciones y tramitaciones necesarias para el comienzo de las obras", ha destacado la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, tras el Consejo de Gobierno semanal.

La construcción de la variante de Ermua, para eliminar el tráfico, principalmente de vehículos pesados, del centro del municipio, se vio condicionada por la difícil orografía de la localidad, encajonada entre montes, por lo que se dividió en dos fases: una en la zona oeste y otra al sur. Esta última entró en servicio en septiembre de 2018, tras cuatro años de obras y una inversión de 74 millones de euros. A lo largo de cuatro kilómetros de recorrido, permitió sacar 9.000 vehículos diarios de la N-634 a su paso por el centro del municipio.

Pero todavía resta por acometer la variante oeste, que dará servicio a los polígonos industriales de Urtia y Goitondo, ya que actualmente los camiones que se dirigen a estos puntos tienen que atravesar las calles Zeharkale, en el primer caso, y Sexto Centenario, Zubiaurre y Okin Zuri, en el segundo. Unos 1.200 vehículos pesados tienen que circulan todavía hoy en día por estos viales.

Esta variante oeste se dividió a su vez en dos fases: la de Urtia, que ya se encuentra en fase de redacción del proyecto, y la de Mallumendi, que es la que se sacará ahora a licitación. El objetivo es actualizar el proyecto ya existente, aprobado en 2012, para que cumpla con los actuales criterios, normativas y características de la zona, y obtener las autorizaciones necesarias para que la Diputación dé su aprobación final y pueda iniciar las obras. "Hay muchas cuestiones que hay que actualizar y adaptar: el informe de la Declaración de Impacto Ambiental está caducado, también el de URA, los depósitos de sobrantes, hay que adecuar la auditoría de Seguridad Viaria...", ha enumerado Arrizabalaga. No en vano, está previsto que los trabajos para adaptar el proyecto constructivo se prolonguen nada más y nada menos que tres años y tengan un coste de 1,8 millones de euros.