EAJ-PNV Arrigorriaga ha solicitado al equipo de gobierno municipal la instalación de estaciones fotovoltaicas en el polideportivo, la escuela y el centro sociocultural de Abusu. De esta forma, se darían pasos firmes para cumplir la Ley de Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma Vasca que establece la obligatoriedad, para el año 2030, de que el 32% de la energía consumida por los edificios públicos sea mediante energía renovable.
La elección de estos tres emplazamientos se debe a que son los que mayor consumo de energía presentan en el casco urbano del municipio y en el barrio de Abusu. “Para esta acción proponemos una inversión de 250.000 euros, que bien puede financiarse a través del remanente del presupuesto del año 2020 o bien a través de líneas de financiación como las que la Diputación Foral de Bizkaia ofrece en estos momentos a los ayuntamientos vizcainos”, explica la portavoz jeltzale, Sonia Rodríguez.
EAJ-PNV incide en que la energía generada por estas estaciones fotovoltaicas podría usarse, además, como autoconsumo para una misma instalación o como autoconsumo compartido con otras dependencias municipales. Asimismo, la formación jeltzale ha pedido que se estudie la implantación progresiva de estos sistemas fotovoltaicos en el resto de los edificios municipales.
Cargadores de vehículos
Por otro lado, la principal fuerza de oposición en el Consistorio de Arrigorriaga ha puesto sobre la mesa la instalación de tres cargadores para vehículos eléctricos. En este caso, su ubicación “se debería decidir a través de participación ciudadana”, indica y, además, propone al equipo de gobierno que “bonifique a los vecinos las cargas durante una primera fase”. Para esta segunda actuación se ha calculado una inversión de 75.000 euros, que al igual que en la anterior iniciativa, puede financiarse a través del remanente del presupuesto de 2020 o bien a través de líneas de financiación de la administración foral vizcaina.
El PNV también plantea la posibilidad de que sea el propio Ayuntamiento de Arrigorriaga el que se haga cargo de la gestión de estos puntos de carga de vehículos eléctricos, sin ningún tipo de concesión con las distintas empresas suministradoras de energía. “De este modo ahorraríamos el término de potencia con el cambio en la normativa tarifaria que entrará en vigor en los próximos meses. Además, podríamos acogernos a futuras ayudas del Plan Moves III. De cualquier forma, este término debería ser determinado siguiendo el criterio del personal técnico del Ayuntamiento”, ha explicado al respecto la portavoz del grupo.
