Bilbao - El cierre de la sala de consumo supervisado de Médicos del Mundo podría no ser tan inminente como se anunció en un principio. Los responsables de la narcosala están dispuestos a aplazar su cierre hasta al menos final de año, de forma que las instituciones puedan adecuar sus recursos para atender a los usuarios de este servicio. La Diputación, de hecho, va a adecuar sus programas de atención a drogodependientes para atender a estas personas, permitiéndolas acceder a sus itinerarios de inserción social sin que hayan tenido que abandonar el consumo activo de drogas previamente, tal y como sucede en la actualidad. “Estamos buscando una solución que sea beneficiosa para todos”, declaró ayer la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, después del debate que mantuvieron los grupos políticos en las Juntas Generales sobre este tema.
Médicos del Mundo anunció en noviembre de 2013 su decisión de abandonar en junio de este año la gestión de este recurso de consumo supervisado que, desde hace casi once años, gestiona en la calle Bailén. Las razones esgrimidas por la entidad fueron que “no pretenden crear sistemas de asistencia paralelos, sino lograr que las autoridades, como titulares de obligaciones, atiendan a todas aquellas personas que en el ámbito sociosanitario lo necesiten, como por derecho les corresponde”.
Una comisión formada por instituciones -Diputación, Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao-, la propia asociación y otros agentes del barrio lleva trabajando varias semanas para buscar la mejor fórmula de cara a seguir atendiendo a los usuarios de esta sala. Así, contactaron con otras entidades del tercer sector, para analizar las posibilidades de que alguna se pudiera hacer cargo de su actividad. Solo una de ellas dio una respuesta positiva -la Comisión Anti-sida-, pero, según explicó ayer el apoderado del PNV Jon Larrea, “además de financiar la sala imponían como condición que las tres administraciones asumieran el déficit de otro centro de esa entidad. Ello suponía para las tres administraciones pasar de un desembolso anual de 376.984 euros a 582.467, un sobrecoste que no podía ser asumido en la actual situación económica”.
El marco normativo, recordó Larrea, no permite asumir directamente la gestión de la sala, ya que el personal es de una asociación. “Solo queda dar el servicio desde los propios centros de las administraciones competentes. Es decir, continuar con la actividad de reducción de riesgos pero de forma descentralizada y coordinada entre las instituciones, prestando el servicio desde otros centros sanitarios y de servicios sociales”, destacó el apoderado. La intención es crear una comisión de trabajo para que analice, caso a caso, la situación de cada usuario, y se le proponga el recurso más adecuado.
Consumo activo
Ahí entra el trabajo que pretende desarrollar la Diputación. A través de los dos programas que ya existen para atender a las personas drogodependientes -Liza y VIH-, ofrecerán también atención para aquellas que no hayan abandonado el consumo activo, una condición indispensable hoy en día para acceder a estos itinerarios de inserción. “Esta condición nos limita mucho y no llegamos a atender a todas las personas a las que nos gustaría llegar”, admitió Pilar Ardanza.
En ambos se dispone de pisos tutelados y centros de día con programas especializados de inserción -atención psicológica, pedagógica...- y la idea ahora es reorientarlos, atendiendo también a las personas que mantengan un consumo activo. “No significa que todas las personas a las que se atienda sigan consumiendo, sino que con algunas de ellas se empezará a trabajar desde antes de que abandone el consumo”. Eso sí, esos itinerarios se prestarán en pisos diferenciados.
Tanto en uno como en otro programa, se permitiría ese consumo en los propios recursos residenciales, cubriendo así la labor de reducción de riesgos que cumplía hasta ahora la narcosala. “El objetivo es ofrecerles una atención integral desde las propias unidades donde residen, controlando además estos consumos. Vamos a poder proporcionarles un programa completo, teniendo en cuenta todas sus circunstancias”, explicó la diputada. “El objetivo es seguir prestando el servicio, y no tanto darlo desde un dispositivo u otro”.
Sin embargo, la Diputación necesita tiempo para poner en marcha todos estos cambios. La intención es implementarlos en el último trimestre del año, por lo que la propia diputada destacó ayer que “sería bueno que Médicos del Mundo mantuviera la gestión de la sala al menos hasta el 31 de diciembre de 2014 para poder adaptar y poner en marcha los servicios necesarios y garantizar la continuidad en la atención”.
La delegación en Euskadi ven con buenos ojos la disposición que las instituciones han planteado para seguir dando servicio a sus usuarios. “Lo que más nos importa es que todas esas personas no se queden en la calle”, destacó ayer un portavoz de Médicos del Mundo en Bilbao. Por ello, están dispuestos a no cerrar el centro la primera semana de julio, tal y como decidió su junta estatal, sino colaborar con las administraciones para que el dicho cese y el traspaso de usuarios se haga de forma ordenada y con todas las garantías. La última decisión, sin embargo, tiene que llegar desde la dirección de la asociación en Madrid, aunque desde Bilbao son “optimistas” a este respecto.
