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Santurtzi podría multar con 2 millones de euros a una empresa de contenedores

Abanto-Zierbena ordena la clausura de la empresa Tucabi, sita en Las Carreras

Santurtzi podría multar con 2 millones de euros a una empresa de contenedoresFoto: e. zunzunegi

santurtzi. Corren malos tiempos para la lírica o al menos para quienes dan el cante con empresas que vulneran la legalidad vigente, bien porque ejercen su actividad sin la preceptiva licencia o bien porque ocupan terrenos que no cuentan con la necesaria calificación de zona de actividad económica. Ambos casos han saltado a la palestra con las decisiones de los ayuntamientos de Santurtzi y de Abanto de poner en orden a sendas empresas de contenedores cuya actividad ha quedado en entredicho.

Así, en el caso de la localidad marinera, el Ayuntamiento ha incoado un expediente sancionador a la mercantil Cargor Bizkaia S.L., en relación a la actividad de depósito y reparación de contenedores que ejerce en los terrenos propiedad de Explotadora de Tierras Echeuli, S.A en el barrio de Kabiezes de Santurtzi.

Un expediente que califica jurídicamente los hechos como infracción "muy grave" a varios preceptos legales, lo que podría llevar aparejada sendas multas por un importe mínimo de 240.000 euros y un máximo de 1,2 millones de euros cada una. Según el acuerdo de la junta de gobierno santurtziarra, la inspección llevada a cabo el pasado 10 febrero constató que la empresa Cargor Bizkaia, S.L. "sigue ejerciendo la actividad normalmente" y establece que "la actividad de depósito de contenedores continúa a pleno rendimiento, como lo demuestra la nueva oficina que se ha instalado en el propio terreno, sin que la mercantil haya solicitado en el Ayuntamiento la correspondiente licencia de obras".

Para el ayuntamiento costero, esta situación contraviene el acuerdo de la junta de gobierno local del pasado 13 de julio, que ordenó a los titulares de las diferentes actividades de la parcela "la paralización provisional e inmediata" de conformidad con lo previsto en el PGOU de Santurtzi. Según se señala en el acta de inspección, los técnicos advierten, junto al depósito de contenedores la existencia de un taller mecánico que "sirve de taller de reparación de los camiones que transportan los contenedores"; una actividad adicional a la propia de depósito de contenedores que tampoco cuenta con la correspondiente licencia de actividad. Por ello, el informe jurídico concluye que la empresa ejerce "actividades no legalizadas" y añade la presencia de "todo tipo de residuos y materiales abandonados en distintos puntos de la parcela".

Clausura En el caso de Abanto-Zierbena, la junta local de gobierno aprobó el pasado día 22 la clausura de la empresa de almacenamiento de contenedores Tucabi en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Con esta orden de clausura se pone fin a un proceso iniciado en 1997 cuando el Ayuntamiento concedió "licencia de actividad provisional" que fue revocada posteriormente por una resolución de la Diputación foral de Bizkaia, que impedía la instalación de la actividad de la empresa.

En febrero de 2001, el Ayuntamiento concedió un plazo de un año para que la empresa cesara su actividad y abandonase dicha localización y en noviembre de 2006 se aprobó revocar la licencia de uso provisional para almacenaje y se insta a Tucabi a la retirada de los contenedores.

Este acuerdo municipal fue recurrido por la empresa ante el contencioso-administrativo y tras serle desestimado interpuso otro recurso que fue fallado por el TSJPV en diciembre de 2010 ratificando "plenamente el acuerdo municipal de 2006 e, incluso, impone el pago de costas a la empresa", según señalaron fuentes municipales.

Con todo, desde el fallo hasta la orden de clausura, se dio plazo "suficiente" para desmantelar las instalaciones y retirar los contenedores, "de cara a posibilitar su traslado a otro lugar, y no perjudicar el normal funcionamiento de la empresa y, por tanto, a sus trabajadores durante este período de tiempo". El Ayuntamiento, indicaron, se limitó a cumplir la legalidad, "en forma de sentencia judicial" y, en ningún momento, se quiso perjudicar de "manera deliberada a los trabajadores".