BILBAO. El Ayuntamiento de Bilbao está dispuesto a terminar con los timadores del padrón. Según ha podido saber este periódico, se ha descubierto a personas que cobran un dinero por autorizar el empadronamiento en su vivienda, independientemente de que vivan o no en el domicilio. Poco ha trascendido de esta investigación, aunque se sabe que hay al menos un caso en vías judiciales tras descubrir que el sujeto cobraba a inmigrantes por permitirles empadronarse en su vivienda.
En estos momentos hay detectadas en Bilbao 70 viviendas con más de 13 habitantes. Muchas de ellas son pisos colectivos autorizados que han solicitado permiso para poder empadronar a un número mayor de gente; en otros casos, la sobreocupación es el reflejo de la situación que viven algunas personas. Lo que realmente preocupa a los responsables municipales es que haya personas que se aprovechen de esta circunstancia, porque la picaresca no tiene compasión.
El padrón se ha convertido en un pasaporte para una ayuda social, un trabajo o, incluso, una formación. Por eso, algunas personas con dificultades para adquirir una vivienda recurren a la picaresca para conseguir estar inscritos y también hay quien no duda en sacar tajada de esta circunstancia.
En las investigaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento se ha descubierto que hay personas que, aprovechando esta circunstancia, se dedican a alquilar el padrón: cobran un dinero por permitir que un tercero figure con una residencia fija, aun cuando esté viviendo en la calle.
Otro tipo de picaresca la protagonizan los propios inmigrantes. Por ejemplo, Ludmila, una joven brasileña, limpiaba una casa en Algorta y vivía en Romo en un piso compartido. Pidió a los propietarios del piso de Algorta que la empadronaran, porque de hacerlo en el piso que era su residencia habitual su amigo hubiera tenido problemas con la ayuda que recibía. La concejala de Relaciones Ciudadanas, Isabel Sánchez Robles, advierte de que "el padrón no recoge ninguna ilegalidad porque para poder inscribir a alguien en una vivienda tiene que contar con la autorización del propietario".
En 2007 había en Bilbao 75 viviendas con sobreocupación, es decir, vivían en ellas más de 13 personas. La cifra subió hasta 82 en 2008 y ese mismo año, en el mes de junio, llegó a los cien pisos. El pico más alto lo alcanzó en 2009 cuando los pisos en los que se consideraba que había una ocupación masiva eran ya 110. "La sobreocupación de pisos esconde en muchas ocasiones situaciones de miseria, pero de forma estricta no son pisos ilegales", reconoce Sánchez Robles.
Agentes de policía Desde mayo de 2009, dos agentes de la Policía Municipal se encuentran adscritos al Área de Acción Social para controlar las irregularidades en el empadronamiento. En los dos primeros meses de trabajo conjunto, detectaron 47 viviendas con situaciones de irregularidad respecto sus habitantes, de un total de 56 investigadas. De las 156 personas que figuraban como empadronadas, se descubrió que 134 no vivían en los domicilios a los que estaban ligados. De ello, 76 tenían casos abiertos aunque no todas tenían solicitadas ayudas a Acción Social. Según explica Ricardo Barkala, concejal de Acción Social, ya se ha solicitado la baja en el padrón municipal de aquellas que no residían en los domicilios.
Por otro lado, el negociado de Control e Inspección llevó a cabo en 2009 un total de 2.200 actuaciones de oficio destinadas a comprobar si personas que reciben la Renta de Garantía de Ingresos en la capital vizcaina se encuentran debidamente empadronadas en la ciudad, ya que un requisito imprescindible para recibir esta ayuda es residir en la vivienda donde se está empadronado. Además, se llevaron a cabo investigaciones en 13 pisos patera, donde estaban empadronadas 246 personas, de las que efectivamente vivían 93. De las restantes, 153, se avisó al Padrón Municipal para que procedieron a darles de baja. Esta investigación generó 44 solicitudes de suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos.
Normativa obsoleta Sánchez Robles mantiene que defraudar al padrón es muy difícil, pero critica la normativa, por ser antigua y obsoleta. "Las sanciones incluso están recogidas en pesetas", expone, a modo de ejemplo. Añade que en el caso de los extranjeros no hay una unanimidad de documentos, lo que provoca situaciones extremas: una mujer extranjera, si se ha casado cinco veces, tiene cinco apellidos y por tanto cinco documentos diferentes que le permiten empadronarse en otros tantos municipios diferentes.
En todo el Estado hay 8.000 municipios que comparten los datos del padrón, lo que requiere un trabajo meticuloso. El Ayuntamiento de Bilbao ha hecho una propuesta al Ministerio de Administraciones Públicas para que se modifique esta normativa.
