La interpretación de las normativas, cuando hay un resquicio en el que se cuela la duda, puede llevar a que cada uno barra a su favor. Es lo que ocurrió cuando en mayo de 2023 un padre que circulaba en bicicleta con sus dos hijos de 8 y 10 años por el parque Doña Casilda fue multado por la Policía Municipal al considerar que estaba violando la Ordenanza Municipal de Circulación. Sin embargo, el ciclista, que había sido sancionado con 200 euros, sostenía que la Ordenanza de Espacio Público permite la circulación en zonas peatonales siempre que se extremen las medidas de seguridad. Y esa fue la defensa que esgrimió en un recurso contencioso-administrativo que, finalmente, se ha saldado con la nulidad de la multa sin que hayan llegado a juicio.  

Según el afectado, que ha hecho público un comunicado en el que recuerda que en septiembre estaba prevista la vista oral, la multa ha sido anulada al no estar “debidamente acreditado” el expediente administrativo. Así, expone que al invalidar la sanción, el Ayuntamiento “evita responder” a si es cierto que, en base a sus ordenanzas municipales, es posible “la circulación en bicicleta en zonas peatonales cuando la concurrencia de personas así lo permite”. La normativa –no municipal– que no deja lugar a la interpretación Reglamento General de Circulación, cuyo artículo 121.5 indica lo siguiente: “La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales”.

DEMANDA CONTRA EL AYUNTAMIENTO

En la nota, el ciclista que supuestamente cometió la infracción después de una cita en el ambulatorio de Doctor Areilza con el pediatra –tras la que optó por el trayecto a través del parque Doña Casilda por considerarlo más seguro para sus hijos de camino al colegio–, expone que recurrió la multa en julio de 2023. Su apelación fue desestimada. Por ello, en diciembre interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de Bilbao para recurrir la sanción mediante un recurso contencioso-administrativo en los juzgados.

Según ha apuntado en el comunicado, tras varios aplazamientos, el juicio estaba fijado para el 19 de septiembre, “justo en mitad de la Semana Europea de la Movilidad”. No obstante, ha expuesto que no es seguro que el juicio se vaya a celebrar, ya que el Consistorio ha anulado la multa, “al menos aparentemente, para intentar evitarlo”. Así, en la resolución se alude a que el expediente no “fue debidamente tramitado” y, por tanto, se anula la multa. El afectado ha apuntado que su objetivo, al adentrarse en este proceso, es “esclarecer” que “si alguien vuelve a ir en bici por el parque no le pondrán una nueva multa”. “Queremos saber qué implican, en la práctica, las confusas normativas municipales sobre ir en bici por el parque Doña Casilda. Y ya que estamos, sobre los parques y otras zonas peatonales donde también han puesto multas a ciclistas”, apunta.

ESCLARECER LAS DUDAS

A su juicio, el Gobierno municipal “no parece estar interesado en esclarecer nada de esto”, porque “ha propuesto al juzgado que no se lleve a cabo el juicio porque ha anulado la multa”. “Me quitan la multa, pero por problemas en el trámite, sin especificar, así que nos quedamos como estamos. La dificultad, por no decir imposibilidad, de interpretación de las normas genera una inseguridad jurídica que lleva indirectamente a establecer un margen de arbitrariedad que no permite nuestro ordenamiento jurídico”, asegura el ciclista, que se ha librado de la multa de 200 euros pero sigue sin conseguir su objetivo final.