Bilbao - El conflicto que cada día de paros parciales afecta a 82.000 usuarios de Bilbobus no se va a solucionar en los próximos días y se ve abocado a la huelga indefinida convocada a partir del próximo lunes, día 21. Es más, ayer el conflicto se enquistó mucho más tras el anuncio de una demanda que interpondrá la dirección de Beobide, la concesionaria del servicio municipal de autobuses urbanos, ante los juzgados de lo Social.
En una reunión mantenida ayer en el Preco entre las partes con la intermediación del Consejo de Relaciones Laborales, los representantes de Beobide, abogados de sus servicios jurídicos, pusieron sobre la mesa que los paros y la huelga convocados para los próximos días son ilegales por diferentes defectos de forma en su solicitud.
Los sindicatos presentes, algunos avisados a última hora de este encuentro, negaron la mayor y se levantaron de la reunión ante lo que consideraron “una estrategia de la empresa más para intentar debilitar al comité de empresa y desviar la atención de donde tiene que estar”, indicó el responsable de ELA Transportes, Gaizka Miguel.
El portavoz del sindicato aseguró que “se ha cumplido todo el proceso claramente”, respecto al convenio y los plazos legales establecidos por el Gobierno vasco, en la medida en que se trata de un servicio público y abogó por que se centre la cuestión en “la resolución y el abordaje de los planteamientos de mejora y de acabar con los recortes” que los representantes de los trabajadores “vienen denunciando desde hace varios meses”.
Desde los sindicatos también exigieron una implicación por parte del Ayuntamiento de Bilbao en un problema que cada vez está hartando más a los usuarios. El contacto con el área de Movilidad y Sostenibilidad ha sido inexistente y desde ELA instaron al Consistorio a que “reciba al comité de empresa y aborde la resolución del conflicto”.
¿Y la nueva licitación? En este sentido, hay que tener en cuenta que el área de Alfonso Gil todavía no ha sacado a concurso la nueva concesión del servicio para los próximos diez años que, según propias palabras del concejal, se iba a licitar antes de finalizar el pasado año, tras acumular ya varios meses de retraso. Fuentes del área municipal negaron ayer “cualquier relación” del conflicto laboral con la demora en la publicación del nuevo pliego de condiciones de la concesión y lo argumentaron en base a la inclusión de nuevos estudios en “un contrato complejo y cuantioso económicamente”.
No pensaban igual desde la parte social. José Fernández, de UGT, aseguró a DEIA ayer que “es evidente que está afectando porque además no es una concesión normal”.
Gaizka Miguel, de ELA, especificó que el conflicto laboral está “condicionando muchísimo” la situación e indicó que la licitación pública del Ayuntamiento “no ha salido”, a pesar de que tenía que haberlo hecho en febrero o marzo pasado. De Miguel concretó que “siguen sin salir los pliegos” por lo que no saben “en qué condiciones económicas y de requerimiento de servicio” se van a materializar “y si las condiciones que el Ayuntamiento van a ser suficientes para que el servicio se mantenga o se mejore”, como están reivindicando los trabajadores.
Y mientras tanto las movilizaciones siguieron ayer sin fisuras en la plantilla, los paros de cuatro horas por cada turno fueron seguidos por el 100%, a pesar de las diferencias existentes entre los sindicatos que forman el comité. Buena prueba de ello fue el rechazo de la asamblea la semana pasada al preacuerdo al que habían llegado la dirección de la concesionaria con UGT, CC.OO. y USO, que conforman la mayoría de delegados en el comité, en contra de ELA, LAB y ESK que se desligaron de esa firma. Aun así, José Fernández, de UGT, aseguró que “seguiremos negociando hasta llegar a un acuerdo, va en nuestro ADN”.
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