Bilbao - Las obras del ascensor de Begoña iniciadas por el Ayuntamiento de Bilbao a través de Surbisa para evitar la caída de cascotes finalizarán en febrero. El Consistorio decidió actuar de forma subsidiaria para garantizar la seguridad de los vecinos en vista de la “situación de emergencia” que revestía el histórico edificio después de que en las últimas semanas varios desprendimientos afectaran a diferentes comunidades de la calle Esperanza. De esa forma, la administración municipal acomete las obras cuyo valor asciende a 358.670 euros. Dicho importe deberá ser abonado por el titular de la concesión, aunque por el momento el Consistorio asegura que no ha cobrado ningún recibo.

Según informó ayer en una comparecencia Ricardo Barkala, concejal de Obras y Servicios y presidente de Surbisa, la sociedad municipal que revisa el elevador cada 30 días decidió, tras barajar distintas opciones, llevar a cabo la “reparación de los daños en la estructura de hormigón de las pilas y ménsulas”, ya que además de ser la alternativa “más efectiva, ofrece más garantías y será aprovechable en la rehabilitación completa del ascensor”. De hecho, el edil recalcó que el objetivo del Ayuntamiento es la rehabilitación integral del ascensor, una actuación que solo podrá llevarse a cabo cuando el elevador pase a ser público.

Por el momento, el Consistorio se mantiene a la espera de que el propietario del elevador -que cesó el servicio en julio de 2014 debido a las pérdidas acumuladas abandonando la concesión cuya finalización estaba prevista para 2045- y el Gobierno vasco resuelvan sus disputas en los tribunales. En palabras de Alfonso Gil, concejal de Movilidad y Sostenibilidad, actualmente hay dos procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo debido a los recursos de casación interpuestos por Lakua contra dos resoluciones en relación a la propiedad del elevador y al cese de la actividad. En palabras de Gil, después de que se dicte sentencia -podría pasar un año-, el Gobierno vasco iniciaría los trámite para transferir la titularidad del elevador, que finalmente pasaría a ser de propiedad municipal.

Los grupos de la oposición criticaron que mientras el litigio se alarga los afectados por el abandono del ascensor son los vecinos de la zona cuya seguridad está en entredicho y los ciudadanos a los que no se está prestando un servicio que debería ser público. - A. Araluzea