Como magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao, Yolanda Paredes tiene que tomar “cierta distancia” para protegerse, pero no puede evitar que le “afecte mucho la soledad en la que se encuentran” las víctimas de ciberbullying. “Tenemos que concienciar a nuestros menores de que no pueden mirar a otro lado. Ellos deben ser los cortafuegos para que estas conductas no se produzcan”, afirma la jueza, que ha participado esta semana en Bilbao, junto a la fiscal delegada de Delitos Informáticos de la CAV, Arantza López, en las IV Jornadas Jurídicas por la Palabra, fruto de la colaboración entre la Asociación Profesional de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía de Bizkaia y la Universidad de Deusto.
Según confirma Paredes, “han subido mucho” los casos de bullying en las redes sociales. “La burla del patio de toda la vida, ahora amplificada y retroalimentada por los partícipes del grupo de WhatsApp o Instagram, puede terminar en verdaderas campañas de acoso del menor. Uno no solamente no puede tomar parte de las mismas, sino que estas conductas tienen que ser condenadas”, defiende. Y no son las únicas, ya que, añade, “el grooming y el sexting son también conductas con las que nos encontramos a diario en todos los órganos judiciales”.
Formación en ciudadanía digital
Para combatir el ciberbullyng y otros delitos de los que son objeto los menores a través de internet Paredes considera fundamental que, “como sociedad, los padres, los educadores, el personal sanitario, abanderemos una campaña de concienciación, que vaya acompañada de una estrategia nacional, similar a la que se elaboró en la materia de violencia de género”.
“Se necesitan sistemas efectivos de verificación de edad, preguntar: ¿Eres mayor? no vale de nada”
Esta es, a su juicio, “la principal aportación” del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, aprobado el pasado 4 de junio por el Consejo de Ministros y actualmente “en fase de informe”. “Su gran bondad es que pone el acento en la prevención. Impone al Gobierno la obligación de desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia nacional centrada en la formación en ciudadanía digital. Me parece interesante porque al malo, al que hace uso de la tecnología, se le hace frente con las mismas armas, esto es, con el conocimiento de cómo funcionan estas cosas y dónde están los peligros”, argumenta, convencida de que hay que “atacar esto como un problema de salud pública”.
El anteproyecto de ley contempla asimismo, según destaca, “la obligación de los fabricantes de dispositivos con conexión a internet de informar del riesgo de acceso por parte de menores a contenidos inapropiados o para adultos, como violencia o pornografía, los riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad y el tiempo recomendable de uso, estando obligados además a incorporar una funcionalidad de control parental de serie, que se active por defecto y sea, además, gratuita”. La magistrada recalca la importancia de esta última propuesta aludiendo a un informe publicado el pasado mes de julio por Save the Children, en el que “se decía que solo tres de cada diez adolescentes tienen en sus dispositivos mecanismos de control parental”.
‘Cajas botín’ solo para mayores
Otro de los aspectos que considera reseñable es “la prohibición del acceso de los menores a las cajas botín o loot boxes” que ofrecen muchos videojuegos y funcionan como “máquinas tragaperras”. “Yo pago para tratar de conseguir una mejor arma para mi avatar o un jugador para mi equipo del FIFA, pero no sé si me va a salir lo que quiero. Los expertos consideran que estas cajas botín suelen ser el primer encuentro del menor con el juego de azar”, advierte Paredes.
Para evitar que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a estos reclamos virtuales tan adictivos “se va a exigir un control” de los años que tiene el usuario, pero “no se trata de preguntar: ¿Eres mayor de edad?, que no vale de nada, sino de que se implanten mecanismos efectivos” para comprobarlo.
En este sentido, recuerda que el citado anteproyecto de ley eleva “la edad para abrir una cuenta en una red social de los 14 a los 16 años”. Una medida que, augura, también quedará “en papel mojado si no va acompañada de sistemas efectivos de verificación de la edad”.
Otra de las “novedades” que introduce el anteproyecto desde el punto de vista penal es, según subraya, “la tipificación expresa de la difusión de deepfakes, que es la manipulación de imágenes corporales y audios de voz con sistemas de Inteligencia Artificial de forma que parezcan reales y siempre y cuando venga referida a una situación de carácter sexual o vejatoria”.
Demanda en EE.UU. contra TikTok
Respecto a la demanda que 14 fiscales de Estados Unidos han interpuesto contra la red social china TikTok “por configurar un sistema de publicidad adictiva que daña la salud mental de los jóvenes”, la magistrada opina que es un asunto “difícil, pero no imposible”. “Son grandes plataformas que operan en diferentes partes del mundo. Veremos el devenir que tiene la demanda. En el ámbito europeo es evidente que los países de la UE se tienen que dotar de mecanismos para actuar a una”, concluye.
