El Gobierno vasco procedió ayer a la entrega a sus familiares de los cinco primeros identificados en el cementerio de Orduña. Los restos de Fructuoso Llorens Tolesano, Alfonso Tena Prieto, y los hermanos Manuel y Salvador del Amo Jiménez, todos ellos de la provincia de Badajoz, y Alejandro Gómez Hidalgo, de la provincia de Toledo, descansan ya junto a sus descendientes tras ser entregados en un acto llevado a cabo en el Columbario de la Memoria de la localidad vizcaina en el que tomaron parte la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Ejecutivo de Lakua, Nerea Melgosa; el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz; la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Aintzane Ezenarro; y representantes de diversos colectivos memoralistas. Melgosa resaltó que “la memoria, la dignidad de las víctimas y la justicia social” se erigen en “patrimonio común en la lucha contra la ultraderecha y los totalitarismos”.

La consejera ahondó en que la exhumación y este primer resultado con la identificación de estas cinco personas –se recuperaron un total de 71 cadáveres en dos excavaciones realizadas en 2014 y 2022– es “un ejemplo de“colaboración público social, trabajo en común”. “El proyecto de recuperación de la memoria histórica en Orduña y este columbario son la mejor muestra de ello”, especificó. No en vano, la colaboración de los familiares de los asesinados poco después de la Guerra Civil, en el año 1941 concretamente, ha sido fundamental. En cuatro de los cinco casos, la identificación se ha podido realizar a través del ADN donado por sus propios hijos. Asimismo, Melgosa mostró la voluntad del Gobierno vasco de proseguir con las tareas de identificación, más si cabe teniendo en cuenta que Euskadi tendrá pronto una nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática –actualmente en la fase final de su tramitación–, “una nueva y potente herramienta”, en palabras de la consejera Melgosa, siendo una normativa que “concita un amplísimo consenso político y social, porque la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de este país compartimos los principios del derecho internacional humanitario de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

En todo caso, y mientras la nueva ley sigue dando pasos para su aprobación efectiva, el Gobierno vasco –a través de Gogora– seguirá trabajando para conseguir más identificaciones en el caso concreto del cementerio de Orduña. “Para ello, gestiona la toma de muestras y el cotejo de ADN de más de 50 familias para identificar a los 66 restantes”. Las labores vienen de largo y se centran principalmente en Extremadura: en enero de 2023 el Gobierno vasco se desplazó a Castuera (Badajoz) para presentar los trabajos de exhumación realizados en la localidad vizcaina. Fruto de ese esfuerzo, a día de hoy Gogora tiene contacto con más de 50 familias de fallecidos en la prisión, a las que ya se les ha ido gestionado la toma de muestra de ADN. Y esperan obtener más éxitos en el futuro cercano.

Las claves

  • Cárcel de Orduña. El que fue colegio de los Padres Jesuitas de Orduña acogió inicialmente una cárcel –entre 1937 y 1939– y después se erigió en campo de concentración tras la Guerra Civil. Casi 4.000 hombres pasaron por sus instalaciones, en las que, según los registros, durante un periodo de cuatro años fallecieron un total de 225 personas. La mayoría eran extremeños (127), destacando también los presos procedentes de Castilla-La Mancha (41), Andalucía (28) o Catalunya (18).