El Congreso rechazó ayer jueves las peticiones de PP, Vox y Junts per Catalunya de retirar el proyecto de ley orgánica del Sistema Universitario planteado por el Gobierno, con lo que la nueva norma sortea su primer escollo y seguirá su tramitación parlamentaria. El Pleno de la Cámara Baja tumbó las enmiendas a la totalidad presentadas por estos tres grupos parlamentarios a la reforma universitaria por 193 votos en contra, 148 votos a favor y una abstención.

Durante la defensa de su proyecto, el ministro de Universidades, Joan Subirats, señaló que “el dilema” actual es el de avanzar con la ayuda de los grupos parlamentarios en una nueva norma para “una universidad que mire al futuro” o “quedarnos anclados”. Se necesita, dijo, una universidad accesible a todos los ciudadanos y al servicio de la sociedad; suficientemente financiada; que ponga la calidad de la docencia al mismo nivel que el de la investigación, cuyas plantillas gocen de condiciones laborales “dignas” que permitan la renovación ante “el relevo generacional al que estamos abocados en un breve tiempo”.

Durante la defensa de su enmienda de devolución, la diputada de Junts per Catalunya Mariona Illamona explicó que su iniciativa no debe interpretarse como algo negativo, pues es una “herramienta parlamentaria para la negociación” y no impide seguir consensuando el texto posteriormente.

“Fábrica de activistas”

La diputada del PP María Jesús Moro defendió el rechazo de su grupo al texto al señalar que no es la ley que necesitan ni esperaban las universidades españolas y advirtió de que Europa está pidiendo una norma transformadora para el siglo XXI, no una ley cualquiera.

Moro recordó que no se oponen a un cambio legal, porque entienden que la sociedad ha cambiado y hay que reformarla, pero insistió en que tal y como se plantea no se debería aprobar porque no responde a los retos futuros y porque el sistema universitario no resiste “más vaivenes”.

Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, señaló que las tres enmiendas presentadas van en contra de la idea de una universidad libre, garantista y democrática, y destacó los elementos de la LOSU para atajar la precariedad laboral de las plantillas.

Ana Oramas (CC) dijo compartir muchos de los aspectos de las enmiendas de devolución del PP y Junts, pero a su juicio es momento de abordar los retos; Isabel Pozueta (Bildu) por su parte, señaló que pese a que la LOSU no refleja las necesidades de la Universidad vasca, una enmienda a la totalidad no es la mejor manera de avanzar, y Marta Rosique i Saltor (ERC) subrayó que pese a compartir muchos elementos de la LOSU, hay otros que habrá que “matizar”.

Íñigo Barandiaran (PNV), cuyo grupo votó en contra de las enmiendas, señaló que restan muchas mejoras por hacer, y Juan Ignacio López (C’s) –también contrario– dijo no compartir que el Estado deje de asumir competencias en aras de una “malentendida” autonomía universitaria.

Apunte

Nueva ley universitaria. El Consejo de Ministros aprobó el 21 de junio el ante proyecto de la LOSU,derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto.

Cambios en el profesorado. La ley prevé convertir las plazas temporales del profesorado asociado en indefinidas, medida de la que se beneficiarían más de 25.000 profesores y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la ley actual al 8%.