- El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, afirmó ayer que, aunque "es verdad" que "no a menudo, pero sí de vez en cuando" se producen casos de fraude en el cobro de las ayudas sociales de Lanbide, estos son "minoritarios" y existe "un control permanente" para detectarlos". Zupiria se refirió así a la detención de 23 personas en Bizkaia, todas ellas extranjeras, en una operación contra una trama de falsificación de documentos para cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que habría desfalcado más de un millón de euros.

El portavoz del Ejecutivo vasco mostró su alegría por las operaciones policiales, "tanto esta como otras anteriores desarrolladas por la Ertzaintza", que permiten detectar los casos de fraude "que se puedan estar produciendo" y se pueda "restaurar esta situación". Zupiria admitió que "no a menudo, pero sí de vez en cuando", Lanbide y sus ayudas son noticia por estos casos de fraude.

"Es una buena oportunidad para recordar que los casos de fraude en Lanbide son minoritarios, se producen muy pocas veces, y existe un control permanente, tanto por sus responsables como por las diferentes instituciones policiales para detectar los posibles casos de fraude y actuar en consecuencia", afirmó.

El jefe de la banda, de origen senegalés, creó 62 identidades falsas sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas para el alquiler de vivienda y de renta básica. De media consiguió 857 euros mensuales por cada persona dada de alta -625 por la RGI y 250 por la PCV-, lo que ha supuesto un desfalco de 1.091.416 euros.

Pasaportes falsificados

Los componentes del entramado se presentaban en las oficinas de Lanbide con pasaportes falsificados para dar de alta a la persona ficticia haciéndose pasar por ella y realizar los trámites necesarios ante este organismo, mientras otros se dedicaban a alquilar viviendas y empadronar a esas personas inventadas en los domicilios.

Para ello, falsificaban pasaportes y certificados de empadronamiento, de forma que podían acreditar que una persona llevaba empadronada en Euskadi tres años, requisito necesario para poder percibir estas ayudas y así cobrar desde el primer momento en que creaban la falsa identidad.

Para evitar que desde Lanbide detectaran alguna irregularidad, el cabecilla aleccionaba a los integrantes para que presentaran las solicitudes de ayuda en diferentes municipios de Bizkaia, como Durango, Santurzi, Berriz, Iurreta, Basauri o Getxo.

Además, para que las ayudas no fueran suspendidas por la no presentación física del solicitante, el entramado también falsificaba informes médicos y certificados de realización de cursos de formación.

La primera fase de la operación policial se practicó a primeros de año con el arresto de un ciudadano camerunés y a finales de marzo fueron detenidas otras 9 personas, entre las que se encontraba el principal investigado. El 2 de junio se practicaron otras 13 detenciones. Los detenidos quedaron en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.