Los servicios jurídicos respaldan la Ley Antipandemia vasca

Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Gobernanza Pública y Autogobiernno, Olatz Garamendi, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno semanal.

A mediados del pasado mes de febrero, en un artículo publicado en DEIA, el lehendakari Iñigo Urkullu anunció que el Gobierno vasco está estudiando una Ley Antipandemia al "agotarse" todas las herramientas jurídicas para adoptar medidas para luchar contra el coronavirus, en la misma semana en la que el TSJPV rebatió, de forma cautelar, el cierre de la apertura de establecimientos hosteleros en los municipios situados en zona roja.

El Ejecutivo de Urkullu ha encargado un informe jurídico sobre la idoneidad y viabilidad de esta normativa, que ahora será remitida a los grupos políticos con representación en la Cámara vasca ya que su tramitación corresponde al Parlamento. "El informe nos dice que elevar las medidas para luchar contra la pandemia a rango de ley otorgaría una mayor seguridad jurídica a las mismas", ha subrayado Garamendi.

La consejera no ha querido adelantar si será el Gobierno vasco el que impulsará la ley o lo dejará en manos de los grupos de la Cámara, ya que primero quieren conocer, por parte de los diferentes partidos, "si hay voluntad y consenso para que las cosas vayan más rápido". Su aprobación en cualquier caso está garantizada gracias a la mayoría que ostentan en el Parlamento vasco PNV y PSE.

El informe, elaborado por el Servicio Jurídico Central del Gobierno vasco, contextualiza y pone de relieve la "grave emergencia que vivimos y que esta ha supuesto y supone importantes retos para las administraciones públicas a todos los niveles y desde múltiples perspectivas", según ha detallado Garamendi. Unos retos, ha destacado, "que ponen a prueba a nuestras instituciones de autogobierno. Lo que inicialmente iban a ser intervenciones temporalmente limitadas se están prolongando en el tiempo, y la flexibilidad que en un principio era virtud se ha convertido en ambigüedad".

"EQUILIBRIO"

En el texto se subraya que la actual pandemia requiere de "respuestas urgentes que deben adoptarse en un contexto complejo en el que confluyen diferentes circunstancias", entre ellas la dificultad de mantener el equilibrio entre salud pública y evitar daños irreparables al tejido social y económico, el hecho de tratarse de marco temporal y excepcional, la necesidad de cambio y revisión permanente para responder a una situación altamente inestable, "o la revisión judicial, especialmente intensa por estar vinculada a consideraciones en relación con derechos fundamentales".

El informe resalta asimismo la importancia de continuar involucrando al conjunto de poderes públicos vascos. En este sentido, la consejera ha destacado que, en el plano jurídico, la ley "constituye la herramienta más eficaz para ordenar el comportamiento de todos, ya que es la máxima expresión de nuestro autogobierno". Por ello, el Parlamento vasco es el marco idóneo para tramitar una normativa de este tipo, ya que es en él donde están representados todos los partidos políticos. "Es la vía apropiada para hacer partícipe a toda la sociedad vasca en la adopción y comprensión de las medidas", ha destacado Garamendi.

En lo relativo al marco legal, los servicios jurídicos han concluido que esta ley puede ser "un instrumento práctico, influyente y útil", defendiendo que la primera línea de actuación y responsabilidad en la gestión de la pandemia debe corresponder al Gobierno vasco, por sus competencias, experiencia y sostén legal para actuar de forma rápida y efectiva.

"REDUCIR LOS MÁRGENES DE INTERPRETACIÓN"

Así, se pueden articular un mayor abanico de soluciones jurídicas, más allá del marco jurídico que establece el Estado de Alarma decretado por el Gobierno español. "Es posible contemplar una ley que atienda a las necesidades de la CAV respetando la regulación estatal", ha señalado. "Puede ayudar a reducir los márgenes de interpretación de las habilitaciones con las que las autoridades venimos actuando, sin ánimo de polemizar con otros poderes", en palabras de Garamendi. "Esta ley puede aportar concreción, claridad y seguridad tanto a la ciudadanía como al Gobierno, de tal forma que podamos hacer frente a estas situaciones tan graves e impredecibles con máxima seguridad jurídica".

Las limitaciones de los derechos fundamentales deben ser, advierten los servicios jurídicos, "previsibles, limitadas, necesarias, eficaces y proporcionales, en función de las necesidades de cada momento" y, sobre todo, supervisadas en todo momento por el poder judicial, "imprescindible para controlar su legalidad. El equilibrio de poderes es insoslayable en democracia; no se pretende esquivar a ninguno de ellos, sino facilitar y aclarar la labor de todos ellos".

Aunque no ha entrado en más detalle, Garamendi ha citado a modo de ejemplo las medidas que podrían estar contempladas en la ley, algunas ya vigentes como la regulación de los confinamientos, o un nuevo régimen jurídico de la gestión de la alerta sanitaria, la publicación de la información epidemiológica o detallar las medidas en función de cada escenario.