MADRID. "Las resoluciones judiciales, aunque están sujetas a críticas, deben ser respetadas y la forma de atacarlas no son otras que los recursos establecidos por Ley contra las mismas", subrayan en un breve comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.
La magistrada titular del juzgado de instrucción número 1 de Oviedo ordenó el miércoles el ingreso hospitalario de la mujer tras recibir una solicitud del subdirector de Servicios Quirúrgicos y Críticos del Hospital Universitario Central de Asturias para la práctica de un parto inducido.
Un informe del Jefe de Sección de Obstetricia advertía de que si el parto no se realizaba en el hospital existiría "riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina".
En un principio el marido de la embarazada se mostró reacio a su traslado y una matrona particular explicó a los agentes que consideraba innecesario el ingreso, aunque la policía que había acudido al domicilio consiguió convencerlos y la mujer fue trasladada al hospital entre protestas de familiares y miembros de la asociación "El parto es nuestro".
