comedores escolares

Competencia avala los cambios en los jantokis

La Autoridad Vasca de la Competencia valora “positivamente” las modificaciones para contratar el suministro de los comedores escolares porque mejoran la competitividad

08.02.2020 | 23:28
Un recipiente con comida en un comedor escolar.

Valora “positivamente” las modificaciones para contratar el suministro de los comedores escolares

Bilbao - La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) dio su aval al nuevo sistema de contratación del servicio de catering de los comedores escolares elaborado por el Departamento de Educación. Tras el escándalo del cártel de los jantokis por el que ocho empresas fueron multadas al pago de una multa millonaria tras acreditarse el reparto del mercado desde 2003 a 2014, el Gabinete que dirige Cristina Uriarte acudió al asesoramiento de la AVC para evitar que se puedan repetir prácticas contrarias a la competencia sin mermar la calidad del servicio.

La AVC realizó una "valoración positiva" de los nuevos pliegos para contratar el catering que el pasado curso sirvió más de 90.000 menús diarios, en tanto que "se han realizado modificaciones a las condiciones y requisitos establecidos que rebajan las condiciones de acceso y las trabas o barreras que favorecen que los licitadores puedan presentarse". Asimismo, Competencia reconoce los cambios que introdujo el Gabinete de Cristina Uriarte en la licitación de 2015 que dieron pie a un ahorro de 7 millones de euros.

El informe, al que ha tenido acceso DEIA, respalda los cambios en el nuevo pliego de contratación del suministro de los jantokis, ya que favorecen no solo la concurrencia de las pymes, sino que actúa como cortafuegos contra prácticas fraudulentas por parte de empresas tentadas de repartirse el mercado. Un mercado muy goloso que desde el año 2000 ha movido 1.615 millones de euros, 295 millones en el contrato de este año.

Este dictamen tiene gran trascendencia política, ya que muchas de las medidas adoptadas por el Departamento de Educación y avaladas por la AVC coinciden con las recomendaciones incorporadas en el borrador del informe de la Comisión de Investigación de Comedores Escolares creada en el Parlamento Vasco y que se cerró en diciembre tras nueve sesiones de trabajo y 31 comparecencias.

El informe parlamentario, que aún no ha visto la luz, acredita la existencia de un sobrecoste de 7 millones de euros durante doce años (2003-2014) porque los pliegos imponían una serie de exigencias difíciles de cumplir para muchísimas empresas, lo que llevó a una pérdida de la competitividad y que los precios de los servicios fueran mayores. El desfase asciende 70 millones de euros, 30 menos de los 100 millones con los que se ha especulado hasta la fecha. Después de analizar todos los testimonios, la comisión de investigación "no ha podido acreditar que se haya producido ningún tipo de colaboración o connivencia entre las empresas sancionadas y los responsables técnicos o políticos del Gobierno vasco".

Falta de control Lo que sí detectó la comisión es "falta de control y seguimiento" porque "es incomprensible que se haga un fraude de esta magnitud si existen y funcionan los mecanismos de control". Esto no supone gran novedad respecto a lo que ya se sabía al inicio de la investigación, porque son los mismos argumentos que llevaron al Tribunal Superior del Justicia del País Vasco a rebajar de 18 a 7,3 millones de euros la multa impuesta por la AVC a las ocho empresas que formaban el cártel. En cualquier caso, la comisión realiza una serie de recomendaciones encaminadas a "aumentar la competencia sin mermar el servicio" y que Educación ya incluye en el nuevo pliego de contratación.

Los cambios más relevantes en cuanto a favorecer la competencia, y mejor valoradas por la AVC, son los requisitos de solvencia de las empresas, el tamaño de los lotes y el uso del procedimiento abierto en vez del restringido porque es el que garantiza una mayor concurrencia empresarial. El Gabinete Uriarte decidió rebajar los requisitos de solvencia para acceder a la licitación. Competencia aplaude la medida porque "no se está estableciendo una barrera de entrada a los licitadores, sino por el contrario, flexibilizando y favoreciendo la concurrencia".

La AVC menciona de forma específica el "incremento sustancial" en el número de lotes, de 18 a treinta, respecto a la licitación anterior. Según Competencia, esta decisión "debe ser valorada positivamente", en tanto que el incremento del número de lotes "puede favorecer una mayor concurrencia de empresas a licitación y favorecer la entrada de empresas más pequeñas". Al margen de medidas relacionadas con la competencia, Educación propone cambios que favorecen las buenas prácticas ambientales o los alimentos ambientalmente mejores, entendidos como las materias primas obtenidas en un radio inferior a 160 kilómetros, primando así el producto de proximidad.

No obstante, la AVC da un par de toques a Educación. El primero tiene que ver con la exigencia de abastecerse con productos de proximidad con "arraigo territorial", ya que este requisito está "absolutamente prohibido". Y además recomienda incluir en el anuncio de licitación un apartado en el que se advierta a las empresas de las posibles sanciones que les podría imponer en el caso de que realicen conductas anticompetencia, es decir, una cláusula anti bid rigging que el Parlamento también reclama.