Madrid - El Gobierno dio luz verde al reglamento de adopciones internacionales, que persigue reducir los tiempos de tramitación, que hasta ahora son “farragosos y largos”, agilizar los procedimientos y otorgar mayor seguridad jurídica a los menores y las familias adoptantes.
Así lo anunció la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, tras el Consejo de Ministros, cuando explicó que este reglamento contempla además la creación de un Registro Nacional de Organismos acreditados de adopción internacional.
La nueva regulación permite a las familias elegir el organismo acreditado con el que gestionar su procedimiento y fija un único contrato e idénticos costes de los trámites.
Será la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad la que iniciará, suspenderá o paralizará la tramitación de adopciones con los países de origen de los menores. Esta dirección, previa consulta a las comunidades autónomas, determinará el número de expedientes que pueden tramitarse con cada país.
Con este sistema, Sanidad pretende evitar que se acumulen expedientes en esos países y adecuar las necesidades de los menores a los ofrecimientos de las familias adoptantes. Así, se reducirán los tiempos de tramitación, subrayó el Ministerio.
El reglamento, que desarrolla la Ley del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y modifica la Ley de Adopción Internacional, también fija que Sanidad acreditará a las entidades colaboradoras, que necesitarán el visto bueno de las comunidades autónomas.
Las entidades tendrán que rendir cuentas sobre su actividad y serán controladas tanto por las autonomías como por el Estado: las primeras vigilarán su actividad en España y el segundo, las que realicen en el extranjero.
Una comisión técnica de seguimiento y control implantará un sistema de calidad y auditoría de estos organismos.
Para tramitar las adopciones internacionales, el Ministerio contará con el informe de Asuntos Exteriores, la información de las entidades acreditadas y la consulta previa a la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial. - Efe
