autora confesa de la muerte de gabriel cruz

La defensa de Ana Julia Quezada aprecia un homicidio imprudente y pide tres años de cárcel

08.02.2020 | 01:53
Ana Julia Quezada.

Enmarcan la muerte del menor en una disputa y se alejan  del crimen planificado

ALMERIA. Así consta en el escrito de defensa,  avanzado este lunes por 'La Voz de Almería', que los abogados Esteban  Hernández Thiel y Beatriz Gámez han aportado al procedimiento tras  conocerse que la Audiencia Provincial de Almería rechazó su recurso  para evitar que la encausada se enfrentara a un tribunal de jurado.

La representación de Ana Julia Quezada enmarca la muerte del menor  en el resultado de una disputa y se aleja del crimen planificado que  sostienen las acusaciones, de manera que incluso solicita que se le  aplique la atenuante de confesión tardía.

En concreto, sostiene que la mujer salió sobre las 15,50 horas  desde Las Hortichuelas hacia el cortijo de Rodalquilar para pintar la  casa cuando se encontró con Gabriel, quien unos diez minutos antes  había salido para dirigirse a casa de unos primos a jugar, pero quien  aún estaba "haciendo tiempo" porque era "muy pronto" en el corto  camino de tierra que separaba las viviendas.

Según su versión, sugirió al menor que la acompañara al cortijo a  pintar, de modo que posteriormente le llevaría de nuevo a Las  Hortichuelas para que jugara, a lo que el pequeño habría accedido,  subiéndose al vehículo para ir a la citada pedanía, ubicada a unos  cinco kilómetros de distancia.

Una vez en el inmueble, la defensa apunta que mientras que Ana  Julia abría las ventanas para airear el cortijo, el niño habría  cogido "un hacha para jugar", por lo que la acusada le habría pedido  que la "soltara" pues "era peligroso y podía hacerse daño".

A partir de ahí, el relato planteado por la defensa incide en que  la víctima "entró en la vivienda y le dijo que se callara, que  siempre le estaba diciendo lo que tenía que hacer; que quería que su  padre estuviera con su madre y no con ella, que era una negra fea;  insultándole y negándose a entregarle el hacha".

LE TAPO LA BOCA PARA QUE "SE CALLARA" 

Con esto, la representación de la acusada apunta que Ana Julia  "intentaba quitarle el hacha, llegando a taparle la boca para que no  profiriera más insultos, apretándola con la intención de que se  callara" de modo que "tras breves momentos, ya no respiraba".

Incide así la defensa en que la acusada fue "presa del pánico" al  comprobar que el menor había fallecido, por lo que se quedó  "bloqueada y sin saber qué hacer" así como "incapaz de asumir las  consecuencias de lo que había ocurrido".

No obstante, optó por sacar el cuerpo de la vivienda, hacer un  agujero en el exterior y enterrarlo junto a un aljibe "a fin de  ocultar el trágico resultado". No obstante, el escrito de defensa no  hace referencia a los hematomas que presentaba el cuerpo del menor y  que fueron destacados en el informe forense como previos a la muerte  del pequeño.

"DESMEDIDA REPERCURSION MEDIATICA" 

La desaparición de Gabriel Cruz durante el puente del Día de  Andalucía, que el niño pasaba en casa de su abuela paterna, originó  un gran operativo de búsqueda en Níjar, mediante equipos  profesionales y voluntarios, que se siguió durante once días hasta  que su cuerpo fue encontrado en el maletero del coche que conducía la  acusada, quien se dirigía a su vivienda de Vícar (Almería).

Según la defensa, Ana Julia fue "incapaz de afrontar lo  acontecido" y "sin saber cómo explicarlo a su pareja, ante la  desmedida repercusión mediática, continuó ocultando lo acontecido  hasta su detención", según la versión dada por sus letrados.

El relato de la defensa no hace referencias tampoco al supuesto  hallazo por parte de Ana Julia Quezada de la camiseta que portaba  Gabriel el día de su desaparición en un cañaveral cercano a la  vivienda de su expareja, lo que a juicio de las acusaciones supuso  una acción encaminada a involucrar al hombre.

Con esto, considera que los hechos descritos son constitutivos de  un delito de homicidio por imprudencia grave o, de manera  subsidiaria, de un delito de homicidio por el que estima un máximo de  diez años de cárcel. Cabe recordar que la Fiscalía, además del delito  de asesinato, imputa a Ana Julia Quezada dos delitos de daños  psíquicos a Angel Cruz y Patricia Ramírez, por los que interesa cinco  años más de prisión por cada uno de ellos hasta un total de diez.

Sobre este aspecto, la fiscal alude a la aptitud mantenida por la  acusada durante el periodo de búsqueda del menor, de "aflicción,  compungida y apesadumbrada, involucrándose en las batidas de búsqueda  en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y  notoria con absoluta frialdad de ánimo", todo ello destinado a  disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la  desaparición del menor.

OPOSICION AL JUICIO CON JURADO POPULAR 

La defensa ha reiterado además en su escrito su oposición a que  Ana Julia Quezada sea enjuiciada mediante un tribunal de jurado  popular dado que, según considera, "la extraordinaria y desmedida  repercusión mediática de los hechos, privaría a cualquier ciudadano  llamado a ser jurado de la imparcialidad y serenidad de ánimo  requeridas por la Constitución para la dedicada labor de juzgar".

En esta línea, recalcan los letrados que de seguirse los trámites  por el juicio con jurado "se vulneraría el derecho a un proceso con  todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, por constituir  el derecho a un juez imparcial una de sus fundamentales premisas",  por lo que vuelven a pedir que Ana Julia Quezada sea juzgada por un  tribunal profesional.

Pese a este alegato, la Audiencia Provincial de Almería ha  considerado que "no está justificado cuestionar la integridad e  imparcialidad" de los integrantes de un jurado popular para enjuiciar  a la acusada únicamente por la "repercusión mediática" que ha tenido  el crimen.

El auto del Alto Tribunal provincial, al que tuvo acceso Europa  Press, rechaza la tesis esgrimida en su impugnación por el letrado  Hernández Thiel, al considerar que su hipótesis no podía ser  admitida, puesto que "determinar o afirmar a priori" que todos los  ciudadanos están "afectados en su imparcialidad" no resulta  "justificado". Así, la postura de "poner en duda" la integridad de  quienes han de juzgar "exclusivamente por la repercusión mediática"  no "puede ser acogida".

El texto recuerda, en la misma línea expresada por el Ministerio  Fiscal, que la ley prevé diversos mecanismos en la fase del  constitución del jurado popular "a disposición de las partes a fin de  salvaguardar el buen funcionamiento mediante la recusación de alguno  de sus miembros".

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía pide para  Ana Julia Quezada la prohibición de comunicación o aproximación a los  padres de Gabriel a una distancia de un kilómetro durante 30 años.  Como responsabilidad civil, solicita que abone una indemnización de  300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación  por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de  160.000 euros a la abuela paterna.

También incluye el pago a los progenitores Patricia Ramírez y  Angel Cruz en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno  de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los  gastos médicos-farmacéuticos acreditados. La fiscal también solicita  el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio  despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor  desaparecido durante once días.