Bilbao - Una delegación vasca encabezada por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, defenderá en la Conferencia Sectorial de Inmigración que celebra hoy en Madrid la corresponsabilidad de las autonomías en la atención de las personas migrantes. Las comunidades y el Gobierno español analizarán la situación migratoria en el Estado, con más de 22.000 llegadas en los primeros siete meses de 2017, y las líneas de actuación para hacerle frente la reunión que presidirá la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Desde Euskadi se quiere conocer la planificación y el procedimiento de coordinación previstos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para gestionar el aumento de personas migrantes en tránsito que a lo largo de este verano están accediendo desde el sur peninsular rumbo al norte de Europa. Desde junio hasta la fecha la CAV ha recibido 1.024 personas en tránsito hacia Europa que huyen de la destrucción y la pobreza de sus países. El sábado, la Policía Nacional desarticuló en Gipuzkoa una red que había ayudado a pasar la muga a unos 300 subsaharianos desde Bilbao y Donostia, procedentes del sur de la península.
El Gobierno vasco también quiere conocer si se ha establecido una estrategia conjunta con la Unión Europea para dar respuesta a esta situación que, para el Ejecutivo Urkullu debería garantizar “una correcta atención a las personas migrantes y la solidaridad y la responsabilidad compartida entre todas las comunidades autónomas”. La reunión se produce después de que la Comisión Europea haya anunciado que ampliará en otros tres millones de euros la ayuda inicial de 26,5 millones que ha otorgado a España para la asistencia de emergencia a los inmigrantes que llegan a las costas y de que el Gobierno haya impulsado un plan de choque de 30 millones hasta fin de año para atender la presión migratoria.
Se trata de un plan de subvenciones dirigidas, fundamentalmente, a proyectos de ONG para reforzar los dispositivos migratorios en la frontera sur, atender a los inmigrantes a pie de playa, ampliar las plazas de atención humanitaria y crear un nuevo servicio de asistencia y supervisión. Sobre la mesa de análisis de la Conferencia Sectorial de este lunes estará también la decisión del Gobierno de crear un mando único operativo, al frente del cual se situará un general de la Guardia Civil, para coordinar las actuaciones frente a la inmigración irregular en el estrecho de Gibraltar.
La creación de esta autoridad única fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término del Consejo de ministros del pasado viernes, quien explicó que se trata de un dispositivo similar al que creo el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2006 ante la llegada masiva de pateras a Canarias. Sánchez incidió en que su cometido será operativo y no político e insistió en que con la optimización de todos los recursos se podrá impedir la salida de embarcaciones de inmigrantes de los países de origen y se evitará “su llegada inadvertida a España”.
Mando único Este mando único, cuya creación publicó el sábado el BOE, se regirá por la legislación nacional e internacional vigente y se atendrá también a los convenios suscritos en materia de seguridad marítima de salvamento, protegiendo la vida de los migrantes y respetando su dignidad. Coordinará las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo (Sasemar) y del Servicio Aéreo de Rescate y gestionará las relaciones con las entidades e instituciones del Estado, las comunidades autónomas y ayuntamientos y la Cruz Roja.
En el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las Fuerzas Armadas, el Frontex, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, las Capitanías Marítimas, el Sasemar y la Cruz Roja, debiendo aportar cada uno los recursos humanos y los medios materiales pertinentes.
