HACE un mes los periódicos navarros titulaban así: La Audiencia absuelve a una banda acusada de robar en camiones al anular las escuchas telefónicas que autorizó el juez instructor. Dicha sentencia -en la que justificaba la absolución porque “en el oficio policial se aprecia mucha deducción y escaso dato objetivo que funde las deducciones”- la firmaba el magistrado Ricardo González González, ponente de una resolución que tardó en escribir catorce meses y en la que se extendió durante 88 páginas. El fallo es la viva semblanza de los habituales escritos de González, -madrileño, con orígenes en la localidad leonesa de Riaño , casado, padre de dos hijos, hijo de juez y maestra, hermano de jueces y abogado y no adscrito a ninguna asociación judicial- plagado de jurisprudencia, perífrasis y armazón probatorio. Cuando existían los juicios de faltas, y al tribunal del que forma parte González llegaban los recursos, la resolución de los mismos por su parte también solía ocupar decenas de páginas aunque fuera por asuntos livianos. “Todo el trabajo se lo toma con la misma exhaustividad y algunos fáciles se le enredan”, dicen de él letrados habituales en sus procedimientos.

El magistrado de la Sección Segunda de Iruñea, adonde llegó hace tres lustros desde Primera Instancia de Bilbao, tras su paso por Valencia y Cantabria, es un hombre poco acostumbrado al foco, al protagonismo y al roce con los medios. González pasa por ser un juez discreto, cuyos días de trabajo discurren acompañado por el personal con el que comparte años en la Sección, y al que no se le conoce exabruptos con funcionarios. En sala suele actuar como un hombre meticuloso, acostumbrado a preguntar sobre lo depuesto por un acusado o testigos. “Desde luego que es intervencionista en las vistas y eso a veces es lo más incómodo para una acusación o una defensa”, dicen varios letrados. “De hecho, si le conocieran bien, las partes hubieran podido anticiparse y pensar que en la declaración de la víctima de La Manada iba a intervenir con toda seguridad con alguna pregunta incómoda. No va a ser la primera vez ni la última que lo haga”, explica un penalista con asuntos asiduos en este tribunal. La Sección 2ª es la especializada de la Audiencia en asuntos de violencia contra la mujer y, entre los letrados cunde el comentario habitual de que pasa por ser una Sala especialmente dura en las condenas por esta materia. “Es injusto tacharles de machistas”, protesta un veterano letrado.

Asuntos pendientes A González se le tiene por “un juez al que no le tiembla la mano ni al condenar ni al absolver”, confirma un letrado que le conoce en persona. “Es un hombre que puede acumular retrasos, pero que también se debe a que fundamenta exhaustivamente sus razonamientos. Son asuntos con años de cárcel en juego y él se lo trabaja”, dice este letrado, que le define como “educado, serio, correcto y de perfil adusto”. A la hora de pedir calificaciones, los actores y operadores habituales de la Justicia en Navarra cierran filas en torno al trabajo de González, quizás sorprendidos por el terremoto causado por su voto particular y el resto de la sentencia, aunque ninguno esconde que se trata de un magistrado peculiar en sus resoluciones.

Conviene saber que apenas unas semanas después del juicio de La Manada, González y sus compañeros tuvieron que hacer frente a otra vista por una agresión sexual en Iruñea con dos acusados en prisión provisional. También hay decenas de años de cárcel por juzgar en ese caso. Y el ojo mediático no hace olvidar que a la Sección Segunda de la Audiencia le toca recibir y enjuiciar asuntos que van a ser igualmente sometidos al escrutinio público, como los amaños de Osasuna o la causa de sus exdirectivos con Hacienda. Trabajo les queda, y va a quedar bien expuesto.

González no es inhabitual en formular votos particulares (acumula al menos cinco en resoluciones desde 2010), una práctica discrepante con el sentido de la mayoría de la Sala a la que en escasas ocasiones recurren otros magistrados. Durante los años 2012 y 2013, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces encargado de las labores de inspección, estuvo cerca de inspeccionar a González pero los datos más anómalos llevaban el nombre de otro compañero. Aquel episodio terminó con una sanción al juez Ernesto Vitallé, el último en llegar en 2011 a una Sección Segunda que componían por entonces González, Cobo y José Francisco Goyena (magistrado presidente del caso Nagore y que ahora está destinado en la Audiencia de Madrid). Vitallé, que llegaba de la sección civil a una Audiencia que se especializaba en penal, tardó más de un año en resolver 26 casos. Este juez recurrió la propuesta de sanción ante el Supremo al considerar que la sanción era injusta y no imputable a su falta de dedicación, por entender que se debía “a la actitud del resto de los magistrados de la sección, que sin justificación y reiteradamente rechazaban mis propuestas de resolución”. Su impugnación no prosperó. Vitallé cumplió seis meses de sanción. La inspección hizo referencia a él, no al resto de la Sección, y para sacar adelante todo el trabajo acumulado se tuvo que recurrir a magistrados de Soria.

En todo este tsunami desatado a raíz de la polémica sentencia, e impulsado por las inadecuadas palabras hechas públicas el lunes por el ministro Catalá, el currículum de González y sus avatares personales, según el ministro, por todos conocido, ha pasado a ser cuestión de Estado. Desde luego no pasa por ser el togado con puñetas más ágil, ni tampoco el más sobrio en sus calificativos. La discrepancia abierta y cruda que muestra con sus compañeros de Sala en su voto particular llaman tanto la atención como las descalificaciones a la joven víctima. El sentido de su voto estaba claro. Las formas resultan un exceso, por el que también se le está exponiendo al escarnio público, cuestionando su capacidad para ejercer una carrera en la que hasta ahora no se le había visto traba posible.