Donostia - La Diputación de Gipuzkoa llevará al Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de aceptar los requerimientos de la Federación Nacional de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y anular los peajes de la N-I y la A-15. El Tribunal al considera que los cánones, que entraron en vigor el pasado 9 de enero, favorecen una discriminación indirecta de los transportistas guipuzcoanos, algo que no permite la legislación. La institución foral tiene un plazo de 30 días para la interposición del recurso y, por el momento, el cobro del peaje se mantendrá “a todos los efectos”.

Así lo indicó ayer la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, quien no dudó en mostrar su “total desacuerdo” con la decisión del TSJPV. El alto tribunal del País Vasco no pone en tela de juicio el peaje en sí mismo, sino que considera que la forma en la que se han implantado las tarifas no respeta la legislación. En este sentido, cabe recordar que el peaje tiene tres puntos de cobro, en Etzegarate, Andoain e Irun.

Según la sentencia, esta repartición de las tarifas “vulnera el principio de no discriminación” de la normativa europea. Considera que se produce una “situación de desventaja”, ya que se grava “en mayor medida los tramos de entrada y salida de la vía que el intermedio”. Esto “hace recaer el peso de la medida principalmente en el usuario de fuera de Gipuzkoa, privilegiando el uso de la vía con origen y destino dentro del propio territorio”. En este sentido, recuerda que “en un trayecto de 73 kilómetros, se dejan libres de peaje 52,96, el más empleado por los tráficos internos”.

“Los pórticos de los tramos de mayor longitud se sitúan en el norte y sur de Gipuzkoa (Irun y Etzegarate), de forma que todo el tráfico interno en la N-I, a salvo del pequeño tramo de Andoain, se halla exento del pago de peaje, con la consecuencia de que quienes realicen el recorrido completo, pasando por los tres puntos de cobro, deberán satisfacer el total del canon frente al transporte que tenga origen y destino en Gipuzkoa, que abonará a lo sumo un peaje -y exiguo- solo si atraviesa Andoain”, reza el fallo. El TSJPV recuerda que la normativa comunitaria permite la implantación de cánones en las carreteras “siempre y cuando la imposición de los peajes no suponga discriminación alguna contra el tráfico internacional y no dé lugar a distorsiones de la competencia entre operadores”.

Todas estas cuestiones ya están siendo estudiadas por los servicios jurídicos de la Diputación, informó Oiarbide, quien recordó que, antes de dar el paso a la implantación del peaje, se llevó a cabo un “estudio exhaustivo” para asegurar la legalidad del mismo. De hecho, tal y como recordó la diputada, la Comisión Europea ofreció su aval jurídico a la norma foral guipuzcoana, “tanto desde el punto de vista de su implantación como de los cánones establecidos”.