Anulan la rescisión del contrato de la incineradora de Gipuzkoa

donostia - El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia declaró ayer nula la rescisión del primer contrato de adjudicación de la incineradora, aprobada en noviembre de 2013 por la mayoría de la que Bildu disponía en el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK). La rescisión de este contrato, adjudicado al finalizar el anterior gobierno del PNV, en 2011, conllevó el pago de 8,19 millones de euros en concepto de indemnización a las empresas adjudicatarias, y más 2,81 millones por los trabajos ya realizados.

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, compareció ayer en una rueda de prensa urgente para dar a conocer la sentencia, que en estos momentos estudian los servicios jurídicos de la Diputación para determinar sus efectos prácticos y la posibilidad de llevar a cabo acciones jurídicas contra los antiguos gestores.

En este sentido, el responsable foral destacó que no descartan “ninguna medida” y que su obligación es “recuperar los 8 millones” que se pagaron como indemnización y, para ello, podrían reclamarlo a dichas compañías. “Si no fuera recuperable ese dinero acudiendo a las empresas, tomaremos otras acciones porque alguien tomó la decisión política y alguien tendrá que hacer frente al coste económico”, aclaró Asensio.

Además, añadió que, en su día, ya informaron a los gestores de Bildu de que tendrían que “asumir las responsabilidades políticas” y ahora “les tocará asumir las responsabilidades derivadas de vulnerar reiteradamente una Norma Foral”, algo que “no puede salir gratis”, incidió. También aclaró que como esta situación “ya estaba prevista”, la actual adjudicación de la incineradora “seguirá para adelante”.

El fallo anula el acuerdo adoptado por la asamblea general del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa el 25 de noviembre de 2013, que a su vez ratificó la decisión del 13 de noviembre de GHK, que decidió rescindir el contrato suscrito por una UTE encabezada por FCC para construir la planta de Zubieta. Bildu, que había accedido al gobierno de la Diputación en junio de 2011, decidió así paralizar el proyecto de la planta incineradora de Zubieta, pero tuvo que indemnizar a las empresas adjudicatarias, con las que mantuvo una larga negociación.

“desviación de poder” En enero de 2014, las mancomunidades de Debabarrena y San Marcos, en las que Bildu no tenía mayoría, y cinco miembros del PSE y PNV de la asamblea del Consorcio de Residuos presentaron un recurso contra la rescisión del contrato, que fue avalado ayer por el juzgado en una sentencia notificada en la que figuran como demandados el Consorcio de Residuos y GHK.

El documento establece que, al rescindir el contrato, se produjo “una evidente desviación de poder y ausencia de competencia”, pues la ejecución “debía haberse sometido a las Juntas Generales”. Y especifica que las funciones del Consorcio y GHK se limitan “al diseño de la construcción y la gestión” de la infraestructura y no tienen capacidad de “cuestionar la necesidad y pertinencia de que Gipuzkoa se dote de esta infraestructura”.

La construcción de una incineradora está incluida expresamente en la norma foral 7/2008, la que elevó a rango de ley el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG), y el juez entiende que el Consorcio y GHK tenían la obligación de cumplir esta norma foral, que no ha sido modificada, pero sí “vaciada de contenido” por la actuación de estas entidades cuando estuvieron controladas por Bildu.

“situación calamitosa” Asensio destacó la “situación calamitosa” que atraviesa Gipuzkoa por la decisión de detener la planta de quema, que conllevó consecuencias “medioambientales y estructurales”. De hecho, el PNV lamentó en una nota que “las infraestructuras que Bildu paralizó debían haber estado operativas para 2014, pero la nueva instalación no estará en funcionamiento antes de 2019”, tiempo que el territorio se ve “lastrado” por el gasto de exportar la basura.

Por último, el diputado de Medio Ambiente también subrayó las consecuencias económicas, pues calculó que, además de los 11 millones pagados a las empresas adjudicatarias, GHK perdió 40 millones de euros y una línea de financiación europea de 159 millones de euros a través del BEI. “Lo más grave es que todo ello se hizo a sabiendas y anteponiendo su estrategia política al interés de los guipuzcoanos e ignorando lo aprobado por las Juntas Generales”, remarcó.