nacer y crecer dentro del sistema carcelario. No son niños presos, pero sus primeros años de vida sufren como tal. Es el caso de algo más de un centenar de menores de tres años, que viven junto a sus madres en diferentes centros penitenciarios del Estado español. No es el caso, sin embargo, de la CAV, donde ninguna de las tres cárceles -Basauri, Martutene y Zaballa- cuenta con módulos de madres. “Las presas vascas, cuando tienen hijos, son dispersadas por defecto. Se han llegado a documentar casos de mujeres que han ocultado su embarazo hasta el último momento para evitar ser trasladadas a otra prisión porque esto implica muchas cosas, estar alejada de tu lugar de origen, pero también tener que adaptarte a una nueva situación, a un nuevo ambiente, a nuevas compañeras”, explica Estibaliz de Miguel Calvo, doctora en sociología, trabajadora y educadora social, autora del libro Relaciones amorosas de las mujeres encarceladas.
En Euskadi tampoco existen las unidades externas o dependientes, dos modalidades creadas para aquellas internas que no son consideradas “un riesgo para la sociedad” y puedan convivir con sus hijos en recintos fuera de la prisión. Las primeras fueron concebidas para sustituir a los módulos de madres de las cárceles comunes. Fueron creadas en 2008 y disponen de un sistema de vigilancia “no agresivo”, según Instituciones Penitenciarias. “El objetivo es crear un ambiente adecuado para que los niños puedan desarrollarse emocional y educativamente”, señala el departamento. En un principio, la idea era construir seis unidades externas repartidas geográficamente por el Estado, sin embargo, el proyecto quedó paralizado y solo hay tres operativas en Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca. Asimismo, se cerraron varios módulos de madres sin que se completara el plan, con lo que en la actualidad solo quedan tres (Sevilla, Madrid y Valencia).
Mientras, las unidades dependientes son hogares gestionados por ONG para internas en régimen de semilibertad. La legislación española señala que las internas con hijos pueden convivir con ellos siempre y cuando el niño sea menor de tres años, se acredite la filiación y el centro estime que no hay riesgo para él. En el caso de las vascas, al no disponer de centros adaptados cercanos, deben elegir entre vivir separados de sus pequeños y limitarse al régimen de visitas o la dispersión, lo que supone alejarse de su entorno.
Quejas En octubre de 2014, los familiares de las presas vascas recluidas en el módulo de madres de Aranjuez hicieron público un informe en el que denunciaban las condiciones en las que se encontraban tanto ellas como sus hijos. Entre las principales quejas figuraba la mala calidad de la comida, en su mayoría congelada y el hecho de que el pescado fuera panga -cuyo consumo la OCU recomienda limitar a adultos por su alto contenido en mercurio-, así como el uso de la megafonía sin tener en cuenta los tiempos de sueño de los niños y niñas, el recorte en la calefacción durante el invierno o la falta de ginecólogo. También se quejaban de que los menores solo habían podido salir al jardín cinco veces en todo el verano y de que la habitación destinada al vis a vis con sus hijos “no está adaptada a las necesidades de los niños”. “Es muy pequeña (está sucia), los juguetes son de muy mala calidad, los niños no aguantan cuatro horas allí dentro (...)”, escribieron.
Blanca intentó que su hijo viviera con ella tras ser detenida en 2012. El pequeño tenía dos años y “me dijeron que como con tres años tenía que salir obligatoriamente de prisión, que para tan poco tiempo no merecía la pena”. “Mi madre tampoco quería, pero yo lo intenté. Menos mal que al final no lo hice. Amigas me han contado que, por ejemplo, en Madrid, a lo mejor necesitabas pañales y te los daban justos, o que necesitabas un chupete e igual se pasaban días hasta que te lo daban. Osea que los niños también pasan necesidad en prisión”, cuenta.
Blanca fue detenida en Badajoz por estafa y condenada a seis años de prisión. “A mí me llevaron presa de la noche a la mañana, tuve que dejar al niño con una vecina. Pasé dos días en el calabozo sin tener noticias. Mi madre estaba en Bilbao y no sabía si había podido ir a buscar al niño. Estaba muy asustada y el policía me decía ‘no te preocupes, si no va tu madre, ya irán los servicios sociales’. Eso me daba un miedo terrible. He visto muchas madres a quienes por estar en prisión y no tener con quién dejar al niño les han quitado la custodia, algunas ven una hora al mes a sus hijos, otras no saben ni qué ha pasado con ellos”, explica esta bilbaina. Su madre llegó esa misma noche a Badajoz y se trajo a su nieto a Euskadi.
Tras un mes en Extremadura, Blanca fue trasladada a Madrid, donde estuvo presa cinco meses. “Después, me pasearon por un montón de cárceles hasta que llegué a Araba”. “Pasaron dos años hasta que vi a mi hijo otra vez. Tardaron mucho en traerme para aquí y mi madre es mayor, no viajaba. Recuerdo que lo vi en un vis a vis normal, de hora y media. No me conocía, estaba enfadado. Me fui muy mal”, rememora.
Tras 27 meses interna, Blanca se encuentra ahora en un régimen abierto. Durante la semana, pasa las noches en la “sección abierta” de la vieja cárcel de Nanclares y por el día está en un piso de acogida. Los fines de semana viaja a Logroño, donde reside su hijo junto a una tía. “En 2017 entro en condicional”, cuenta.
Otras realidades Además de los menores que viven con sus madres en las prisiones, existen otras realidades igual de duras para los niños. Las visitas a la cárcel es una de ellas. “Los niños y niñas, si quieren ir a visitar a sus madres, tienen que estar en contacto con el sistema penitenciario, incluso muchas mujeres dicen que no quieren recibir visitas de sus hijos para que no pasen por esta situación”, explica De Miguel. “Otra cuestión muy grave también es el de las mujeres que por el hecho de ser encarceladas tienen un alto riesgo de perder la custodia de sus hijas o hijos”, agrega la doctora en sociología vasca.
En 2015 se contabilizaron unas 5.130 internas, lo que supone un 7,81% de toda la población reclusa del Estado. “Estamos hablando generalmente de delitos contra la salud pública, de tráficos de drogas normalmente a pequeña escala o delitos contra la propiedad. Se las está encarcelando un tiempo que algunas juristas consideran excesivo y se está creando un daño tanto a ellas como a su entorno, en este caso, hablando de los niñas y las niñas, que se ve muy claramente”, sostiene De Miguel.
Es el caso de Sonia, una vizcaina de 48 años detenida en 2014 en el aeropuerto de Barcelona cuando volvía de Argentina con 1,6 kilos de cocaína. Fue condenada a seis años. Al igual que Blanca, está en la “sección abierta” de la vieja cárcel de Nanclares y en 2018 obtendrá la condicional. Tiene cuatro hijos, dos mayores de edad y otros dos que en el momento de la detención tenían 11 y 12 años. “Nos ha afectado a todos, a mi marido, a mis hijas mayores, a mi madre. Todos lo han pasado muy mal, mi hija pequeña tuvo que ir a un psicólogo”, cuenta con tristeza.
“Estuve en la cárcel de Barcelona. Durante el primer año no vi a mis hijos. Cuando me los trajo mi marido, me dio un ataque de ansiedad, me puse a llorar, no me lo creía”, sostiene. Este tiempo fue muy duro. Las secuelas, asegura, son visibles. “Engordé 30 kilos, se me caía el pelo, he aumentado dos dioptrías de cada ojo, tengo 48 años pero me da la impresión de tener 60 años. Estoy cansada, me duele el cuerpo, todo se me hace enorme. Has vivido tanto tiempo en un espacio tan reducido, que cuando sales te da la impresión de que el universo entero se viene en tu contra, es como si se te cayera el cielo encima”.
Estibaliz de Miguel lo tiene claro: “El Estado español cuenta con uno de los ratios de criminalidad más bajos de Europa y, sin embargo, el ratio de personas encarceladas es de los más elevados de Europa, lo que quiere decir que estamos en un modelo muy punitivo”, agrega. Y destaca: “Muchas veces son mujeres que vienen de estratos sociales vulnerables, que no han tenido el apoyo social necesario en cuanto a recursos económicos, recursos educativos, servicios sociales, etc. Hay que ir para atrás para ver de dónde vienen los problemas. En general tenemos que aspirar a un modelo más despenalizador, en el caso concreto y extremo de las madres, hay que apoyar a estas mujeres desde un modelo más de servicios sociales y desde la ciudadanía”.
