DONOSTIA. La Diputación de Gipuzkoa espera recaudar 38 millones de euros anuales con el nuevo sistema de peajes en las vías de alta capacidad del territorio, de los que estarán exentos los vehículos ligeros de la provincia y que estará completamente operativo en octubre de 2014.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, ha desvelado hoy estos datos en una rueda de prensa que ha ofrecido en San Sebastián, acompañada por el director de su departamento Joseba Altube, junto al que ha dado a conocer los principales aspectos técnicos del proyecto que definitivamente se implantará en la carretera nacional N-I, en un tramo de la N-121-A que une Pamplona con Behobia, la A-15 y la GI-632.

La forma de peaje que se utilizará en todas estas vías de alta capacidad es similar al empleado ya en países como Portugal, Austria, México y Chile, y se basa en unos arcos electrónicos sin barreras que no obligan a parar a los vehículos, a cuyos titulares se les girará el cobro gracias a un sistema de reconocimiento de matrículas o de Vía-T, aunque este aspecto está aún por definir.

En cualquier caso, todos estos sistemas permitirán diferenciar entre vehículos ligeros y pesados y, en el caso de estos últimos, si son de primera o segunda categoría, además de excluir a los vehículos ligeros guipuzcoanos y cobrar al resto de usuarios en función del trayecto realmente realizado.

Según las estimaciones de la Diputación, para ello será preciso instalar un total de catorce arcos, siete de ellos en la N-I; tres en la A-15; tres más en la GI-632 y uno en la N-121-A, unos trabajos que durarán un año y supondrán un desembolso de 18 millones de euros, a los que habría que sumar un mantenimiento anual de entre 1,8 y 2 millones más.

En cuanto a las tarifas de los peajes, los responsables forales han recordado que son competencia de las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa, si bien se planteará que sean más reducidos que los que actualmente se cobran en la AP-8 y la AP-1, las dos autopistas de pago ya existentes en el territorio.

Durante su intervención, Larraitz Ugarte ha aclarado que la decisión de instalar este sistema de peajes es una forma de dar respuesta a la "delicada" situación de Bidegi, con una deuda de 900 millones de euros, así como a los 230 millones ya acumulados en el mantenimiento de estas vías, que son de paso hacia importantes ejes europeos y que soportan un tráfico muy elevado.

Ugarte ha reconocido que la Diputación tiene "dificultades" para afrontar el mantenimiento de estas carreteras desde sus presupuestos ordinarios, si bien con los nuevos ingresos cree posible "dar la vuelta a la situación" y que la institución foral pueda destinar más recursos al fomento del transporte público.

La diputada ha avanzado asimismo la posibilidad de que los usuarios asiduos de las carreteras guipuzcoanas que no residan en la provincia también puedan beneficiarse de alguna medida compensatoria que aún no ha concretado pero que en ningún caso estaría basada en la mayor o menor proximidad de su territorio a Gipuzkoa.

En cuanto a la preocupación por la situación de los transportistas autóctonos ante el nuevo sistema de peajes, que ya manifestaron ayer los partidos de la oposición, Ugarte ha advertido de que Europa "mira con lupa" las medidas que afecten a la competencia y la Diputación tiene "las manos atadas" en este asunto que, no obstante, seguirán tratando formas de afrontar la situación con el sector.

Sobre la carretera GI-632 ha recordado que la implantación de un peaje en esta vía ya estaba prevista para abril de 2015 para todos los transportes, si bien ahora, con el nuevo sistema, será gratuita para los vehículos ligeros guipuzcoanos.

Hasta el momento, la Diputación ya ha mantenido reuniones sobre el nuevo sistema con los partidos políticos y los transportistas, si bien este mes tiene previsto iniciar una segunda ronda de contactos para intentar alcanzar un preacuerdo sobre este asunto.