Sanidad no reembolsa en Bizkaia el copago por medicinas compradas fuera de Euskadi

Bilbao. En el cierre de su mandato, el Gobierno vasco presidido por Patxi López está teniendo que parchear medidas para poder cumplir su promesa de que el copago farmacéutico no tendrá ningún impacto en Euskadi. La admisión del recurso del Gobierno español contra el decreto del Ejecutivo de Gasteiz que excluía la aplicación del copago en la CAV y su suspensión por parte del Tribunal Constitucional estropearon los planes del Departamento de Sanidad, que ahora "da largas" a Madrid para cumplir la ley estatal y argumenta "problemas técnicos" para cobrar las recetas en función de la renta. Al mismo tiempo, Lakua improvisa soluciones para los miles de vascos que durante los meses de verano han pagado un sobreprecio al adquirir sus medicinas fuera de la Comunidad Autónoma y deja el cumplimiento de su promesa de reembolsar ese dinero en manos de las direcciones territoriales.

El pasado mes de junio Patxi López y Rafael Bengoa afirmaron que las medidas de copago farmacéutico y recorte de prestaciones sanitarias a los inmigrantes no tendrían impacto en Euskadi y que se compensaría a los ciudadanos vascos que tuvieran que pagar más en el caso de adquirir medicamentos en otras comunidades. Así, cuando en el resto del Estado español los usuarios de la sanidad llevan más de tres meses pagando en torno a un 10% más que antes por cada receta que retiran en las farmacias, aquí ya hay miles de asegurados que se han dirigido al Gobierno vasco para recuperar el dinero pagado por medicamentos durante sus estancias fuera de la CAV. Según un portavoz del Departamento de Sanidad, las direcciones territoriales de Araba y Gipuzkoa ya han comenzado a reembolsar las cantidades reclamadas por los usuarios de estos territorios, mientras que en Bizkaia los expedientes se acumulan y aún no se ha procedido a su pago. Sin embargo, la misma fuente asegura que en breve se abonarán los reembolsos solicitados desde julio.

expedientes acumulados Fuentes del sector aseguran que en Bizkaia ya se han presentado más de mil expedientes de reclamación de cantidades, mientras que en el Departamento cifran las peticiones en esta dirección territorial en unas 600. En general se trata de cantidades pequeñas -solo el 10% de los importes reclamados supera los 30 euros-, pero los asegurados que esperan el pago se han tomado la molestia de guardar las facturas de las farmacias y rellenar impresos y, por lo tanto, esperan que el Gobierno vasco cumpla sus compromisos.

Actualmente en el País Vasco hay más de 700.000 personas -el 30,6% de las que cuentan con Tarjeta Individual Sanitaria- que están excluidas del pago de medicamentos y de las que la mayoría tendrían que empezar a pagar el 10% de su coste si se aplicara la ley estatal. A ellas se suman más de 1.585.000 asegurados que podrían ver incrementada su aportación actual del 40% hasta el 50% o el 60%.

Desde la admisión del recurso contra el decreto 114/2012 -publicado en el BOPV el 29 de junio de este año- y hasta la fecha, el Gobierno vasco se ha limitado a redactar y presentar sus alegaciones a la decisión del Tribunal Constitucional y a confiar en un fallo favorable a sus tesis. Unos argumentos que inciden en la capacidad competencial de la CAV en materia de prestaciones sanitarias -el Gobierno vasco afirma que su normativa "respeta escrupulosamente" el artículo 149.16 de la Constitución Española- y sobre los que no se espera un pronunciamiento antes del próximo mes de enero, ya que los magistrados disponen de un plazo de cinco meses para decir si mantienen la suspensión del decreto mientras deciden sobre cuál de las dos Administraciones tiene la competencia cuestionada.

Aunque al ver que el Constitucional "tumbaba" su decreto anti-copago el Gobierno de López anunció que en breve prepararía otra norma para garantizar que los vascos no paguen más por las medicinas, esta promesa no se ha cumplido y será el gobierno que salga de las urnas el próximo día 21 el que tendrá que resolver la cuestión.

En el decreto suspendido por el Tribunal Constitucional se establecía que en Euskadi los pensionistas no tenían que pagar el 10% del coste de los medicamentos en función de sus ingresos, como ocurre en el resto del Estado, y que la población activa seguiría abonando el 40% del coste farmacéutico, como era práctica habitual hasta el pasado mes de julio. El decreto también indicaba que los vascos que adquiriesen medicamentos fuera de la CAV "podrán solicitar el exceso abonado" en farmacias de otras comunidades respecto a lo que hubieran tenido que pagar en Euskadi.

fórmula antigua Tras la decisión del Tribunal Constitucional, los usuarios de Osakidetza se encuentran sin cobertura legal para mantener su estatus anterior y se tienen que conformar con un aplazamiento en la adopción de las medidas técnicas que permitirán el copago en función de la renta (adaptación de los sistemas de prescripción y facturación) y con el reintegro de lo que han abonado de más fuera de la CAV, a pesar de que ese sobreprecio se pagó en función de una norma legalmente aplicada y en vigor, mientras que las devoluciones no tienen respaldo normativo. De hecho, los reembolsos se están realizando en base a la antigua fórmula de "Reintegro de los gastos ocasionados por prestación farmacéutica fuera del cauce habitual (receta oficial)", establecida desde mucho antes de la implantación del copago.

Estos reembolsos se hacen con cargo a la caja de reintegros farmacéuticos de la sanidad vasca. Pero los expertos señalan que en el futuro esto no es sostenible y esos pagos deberán adoptar la modalidad de ayuda social, por lo que las devoluciones no podrán realizarse indiscriminadamente y los beneficiarios -vascos que compraron medicamentos fuera de la CAV- tendrán que cumplir una serie de requisitos como tener niveles bajos de renta o contar con circunstancias específicas.