BILBAO. Las acusaciones en el juicio que se sigue contra el exdecano de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU, Francisco Javier Goiriena, y la exdirectora del departamento de Estomatología, Monserrat Barranquero, han rebajado la cantidad de la supuesta malversación de fondos de los 750.000 euros iniciales a 168.000. La vista oral de este juicio concluyó ayer.

El juicio con jurado se inició en la Audiencia de Bizkaia el pasado 14 de septiembre y la acusación contra los dos encausados era de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad de documento mercantil, supuestamente cometidos entre 1994 y 1999. Durante dos semanas han ido compareciendo ante el tribunal diferentes testigos, entre ellos exrectores y otros exaltos cargos de la Universidad del País Vasco. La acusación particular, representada por el letrado de la UPV/EHU Miguel Alonso, y la fiscalía, cifraron al inicio de la vista en 750.000 euros la cantidad presuntamente malversada. Este montante ha sido reducido, sin embargo, a 168.000 euros, de los que 120.000 estarían en relación con empresas con las que nada tiene que Francisco Javier Goiriena.

objeto de veredicto Pese a la acusación de malversación realizada contra los dos exresponsables académicos, fuentes de la defensa destacaron que los supuestos perjudicados (Interior, el Ayuntamiento de Gasteiz, los alumnos de los másteres...) no se han sumado a la denuncia de las acusaciones particular y pública.

El presidente del tribunal entregará hoy a las partes, una vez concluida ayer la vista oral del juicio, el objeto de veredicto, que es una especie de guión que servirá de ayuda al jurado para emitir su fallo. El lunes, el juez entregará ese objeto de veredicto al propio jurado, y es posible que ese mismo día este se pronuncie. En base a ese dictamen, el presidente del tribunal dictará la sentencia.

En el inicio de la vista, la fiscal pidió a los miembros del jurado popular que, "desde su propia lógica y experiencia personal", analicen si el dinero público ha ido a parar al patrimonio de los acusados. El escrito del fiscal, en el que se pedía para los acusados una pena de 10 años de prisión y 14 de inhabilitación, afirmaba que entre 1994 y 2000, Goiriena "aprovechó" su cargo como decano y "su condición de hermano" del entonces rector de la UPV/EHU, para destinar dinero de la universidad a sus fines particulares.

Por su parte, el abogado defensor del exdecano, Txema Montero, y el de la exdirectora de Estomatología, Jesús Urraza, aseguraron que sus patrocinados no cometieron delito alguno. Sostuvieron que la normativa universitaria permitía que sociedades o institutos privados, como el que gestionaban los acusados, impartieran cursos de postgrado que se financiaban con fondos públicos, de los cuales la UPV/EHU se reservaba un 10%, ya que avalaba la calidad del programa docente y del profesorado que lo impartía. La UPV "no ha dejado de percibir ni un solo euro de ese 10%" que estaba reglamentado, según aseguraron las defensas.