BILBAO. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) acusó ayer a la consejería de Sanidad del Gobierno vasco de incumplir la ley por no realizar ni financiar la práctica de abortos con más de catorce semanas de gestación, que han de ser sufragadas por la paciente. Sin embargo, según reconoce la propia entidad, el proceso de derivación hacia una clínica privada es rápido y no dura en total más de una semana.

A través de un comunicado, esta entidad, que agrupa a una treintena de empresas, reconoce que la información que la Sanidad vasca entrega a las mujeres en relación a estas intervenciones "es completa", aunque "poco operativa", ya que "muchas de ellas reconocen abiertamente no haberla leído, ni estar interesada en sus contenidos".

Los textos, según esta sociedad de clínicas privadas, resultan demasiado farragosos, burocráticos y en muchos casos se elude o se aborda de manera secundaria la información que realmente interesa a la mujer: las técnicas, la intervención médica, consecuencias de la misma, posibles complicaciones, etc. La confidencialidad de los datos personales de las pacientes está garantizada, excepto en aquellas que son derivadas de La Rioja, según ACAI.

Ocho de cada diez abortos practicados en la Comunidad Autónoma Vasca se hacen con cargo a fondos públicos y el resto de manera privada, según las clínicas.

El sistema público de remuneración varía: en Bizkaia se realiza directamente a los centros, mientras que en Gipuzkoa la mujer debe adelantar el dinero de la prestación. Las tarifas oscilan entre los 300 euros para una intervención de hasta 12 semanas y los 350 para aquellas que se realizan entre la semana 12 a la 14. La sedación no es financiada por el sistema público, salvo que sea indicada por el facultativo.

Por su parte, el Foro de la Familia y Derecho a Vivir advirtió a ACAI de que si en algunas comunidades autónomas es "más difícil" abortar se debe a que "cumplen la ley" porque, de lo contrario, "ya se habría denunciado ante los tribunales".