Los últimos cuatro años pasarán a la historia como la legislatura de la pandemia. El coronavirus estalló en la recta final de la segunda legislatura de Iñigo Urkullu, con las elecciones ya convocadas, y condicionó el primer tramo de la tercera y última etapa de su gobierno. Pero, a efectos prácticos, el covid no provocó una parálisis institucional ni impidió que se cumpliera ampliamente el calendario legislativo. Aunque suene paradójico, esta ha sido la legislatura más fructífera de Urkullu en el Parlamento, con cerca de 60 leyes aprobadas, lo que supone concentrar en solo cuatro años la mitad de la producción de todo su mandato, de más de once años. Es una cifra que no se explica solo por la mayoría absoluta de PNV y PSE, ya que, según el recuento del propio Ejecutivo, el 75% de las leyes ha visto la luz con el acuerdo de al menos un grupo de la oposición. A finales de 2021, de hecho, se firmó el único acuerdo presupuestario del Gobierno con EH Bildu hasta la fecha. Y ha sido en esta legislatura donde se han aprobado las leyes de país, las estructurales, que afectan a los servicios públicos y tienen vocación de perdurar durante años, como las de Educación, Salud, Empleo y RGI, además de una que pretende abordar un reto de futuro, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático.
A mediados de marzo de 2020, con la ciudadanía confinada por el coronavirus, el Parlamento Vasco tomó la decisión de cerrar sus puertas. El covid engulló toda la actividad política y la gestión se centró en salvar vidas pero, en realidad, este cierre no tuvo grandes implicaciones porque el Parlamento se encontraba ya disuelto por la convocatoria de las elecciones para el mes de abril. La irrupción del coronavirus, eso sí, provocó que esta disolución se prolongara más de lo previsto, porque la pandemia obligó a aplazar los comicios hasta julio de 2020. Pero, incluso en ese impasse, el Gobierno vasco trató de recuperar cuanto antes el pulso y, por ejemplo, se dio prisa en buscar una nueva fecha para pactar con el Estado tres transferencias que fueron aplazadas en marzo. Lo hizo en junio, con la firma de los traspasos de los productos farmacéuticos, el seguro escolar y las ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE. Tras esas elecciones, PNV y PSE lograron una mayoría absoluta que respondía a sus deseos de formar un gobierno fuerte y eficaz y, sin marear la perdiz, en el mismo mes de julio confirmaron que trabajarían para reeditar su coalición.
Ese mismo año, en diciembre, se tomaron algunas decisiones relacionadas con la plantilla del sector público, que es un zapato que siempre ha apretado, especialmente tras la pandemia. El Consejo de Gobierno daba luz verde a 836 plazas en educación, 700 para agentes de la escala básica en la Ertzaintza, y 1.002 para personal fijo de Osakidetza. Un año después, el Parlamento, que venía funcionando con cautelas, mamparas entre los escaños y mascarillas, aprobaba la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración para poner orden en ese terreno. También se aprobó una oferta pública de empleo para 2021 en la Administración General, con 4.000 plazas. En 2022, se preveía iniciar procesos estabilización.
Volviendo al año 2020, el más difícil de todos, se aprobaba el Plan Berpiztu para la reactivación económica tras el coronavirus. A mediados de 2021, ya se estaba aprobando la Ley Antipandemia en la Cámara para preparar una respuesta ante la eventualidad de que una enfermedad similar azotara a Euskadi en el futuro. La ley se aprobó con el respaldo de Elkarrekin Podemos-IU. La idea del Gobierno de Urkullu era recuperar el pulso cuanto antes.
Aunque ahora quede lejos, el lehendakari intentó incluso, cuando se fue despejando la pandemia, que se reabriera el melón del nuevo estatus de autogobierno. En febrero de 2022, apostó por mirar más allá de la pandemia y consideró que era “el momento de afrontar” el debate, pero fue imposible. El PNV lamentó entonces que PSE y EH Bildu seguían manteniendo posiciones contrapuestas. El conato de reabrir la Ponencia de Autogobierno no fue más allá, con un PSE empeñado en exigir una reforma constitucional previa si lo que se pretende es blindar el autogobierno, mientras EH Bildu venía de desmarcarse de los trabajos de la ponencia con su propia propuesta, la del jurista Iñigo Urrutia, para un modelo confederal y con su propia articulación del derecho a decidir.
Mientras tanto, el Gobierno vasco había avanzado en aquello que sí está en su mano. Como si se tratara de la antesala del nuevo estatus, la consejera Olatz Garamendi había presentado en 2021 un libro que recopilaba en cientos de páginas las vulneraciones sufridas por el autogobierno a través de sentencias del Tribunal Constitucional y leyes básicas del Estado. Bajo el título La erosión silenciosa, el recopilatorio ponía en evidencia las vulneraciones del Estatuto de Gernika en más de diez áreas que afectan a la vida cotidiana y que podían justificar, en cierto modo, la búsqueda de un nuevo estatus basado en una relación de igual a igual con el Estado.
LEYES
A nivel legislativo, el Parlamento Vasco ha dejado aprobadas las iniciativas conocidas como leyes de país. Si durante todo el mandato de Urkullu se han aprobado 121 leyes, la mitad de ellas se ha concentrado en esta legislatura. Se han aprobado las leyes de Educación, Salud, Empleo, Empleo Público, la reforma de la RGI, la de Transición Energética y Cambio Climático, las de Infancia y Adolescencia, Juventud, Igualdad, la reforma de la Ley Trans, la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración, y la Ley de Memoria Histórica, entre otras. Además, se han dado pasos sin precedentes en materia de convivencia, como el histórico reconocimiento a Mikel Zabalza, el joven conductor de autobuses muerto en 1985 tras su detención en el cuartel de Intxaurrondo, y cuya familia aún no ha obtenido ningún esclarecimiento por parte del Estado ni publicación de los secretos oficiales.
Una de las leyes más peleadas y cocinadas a fuego lento fue la de Educación, donde se alumbró un primer consenso en abril de 2022 sobre las bases que debían cimentar la ley. Es una norma que integra en un mismo sistema a la educación pública y la concertada, a cambio de que la concertada cumpla unas condiciones para recibir dinero público; y se da autonomía a los centros para diseñar sus proyectos lingüísticos partiendo de los modelos vigentes, un añadido que Bildu utilizó para desmarcarse del consenso aunque se le aceptaron más de 70 enmiendas y el consejero Bildarratz sigue pensando que la ley es tan suya como del Gobierno.
Por el flanco de las carteras del PSE, las leyes de mayor simbolismo que han quedado aprobadas son las de Empleo, donde se impulsan los itinerarios personalizados, y la reforma de la RGI, que se pactó con Elkarrekin Podemos-IU a cambio de incorporar un indicador vasco para actualizar sus cuantías y para que esa actualización se produzca por ley y no quede al albur de la disponibilidad presupuestaria.
Esta legislatura también ha dado de sí lo suficiente como para aprobar el decreto del uso del euskera en la Administración que renueva una normativa con treinta años de antigüedad; el decreto del derecho subjetivo a la vivienda, o la decisión política de Iñigo Urkullu de situar bajo el organigrama de Lehendakaritza el área de Juventud para darle un nuevo impulso y aprobar el programa Emantzipa de ayudas de 300 euros al mes para las personas de entre 25 y 29 años. Ni la pandemia ni la guerra en Ucrania han parado una legislatura que será recordada por el traumático covid, pero que ha dejado una producción de récord.
