El conseller catalán de Educación, Josep González Cambray, ha anunciado que el Govern presentará un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da a la Generalitat 15 días de plazo para implantar el 25 % de castellano en todos los centros educativos.

El conseller ha calificado de "aberrante" el auto y ha considerado que el TSJC se "extralimita de sus funciones" al ir más allá de lo que dicta la propia sentencia, y ha destacado que los dos votos particulares con los que cuenta el auto reflejan que la decisión "no tiene razón jurídica".

El conseller también ha cuestionado la legitimidad de la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la asociación que ha impulsado los procesos judiciales contra la inmersión lingüística y que ha pedido la ejecución de la sentencia del 25 % de castellano.

Además, ha aprovechado para pedir "el máximo consenso político, social y pedagógico" para la lengua y el modelo de escuela catalana", a la vez que ha asegurado que el próximo curso "habrá más catalán en nuestras escuelas del que hay ahora".

Sobre las repercusiones que pueda tener en los directores de los centros, Cambray ha querido enviarles un mensaje de tranquilidad, y ha defendido que tienen que seguir "haciendo su trabajo, no tienen que cambiar nada", porque cuentan con el "escudo legal" que les brinda el departamento, a quien se dirigen los tribunales.

En cuanto al decreto para modificar la ley de política lingüística, que está encallado en el Parlament, Cambray no ha detallado cuándo espera que se apruebe, aunque ha insistido en la necesidad de un consenso amplio y ha asegurado que "bienvenida será" cualquier iniciativa que blinde, a su juicio, el modelo.

El TSJC ha ordenado a la Generalitat que cumpla de "inmediato" la sentencia que obliga a que un 25 % de la enseñanza en Cataluña sea en castellano, lo que se traduce en otra asignatura troncal en español además de la materia lingüística de este idioma.

La sección 5ª de la sala contencioso-administrativo del TSJC ha dado un plazo máximo a la Generalitat de 15 días para que todos los alumnos "reciban de manera efectiva e inmediata" la educación mediante la utilización vehicular "normal" de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que "no pueden ser inferiores al 25 % en uno y otro caso".

El alto tribunal catalán, en su auto, ha argumentado que la Generalitat no está cumpliendo con la sentencia dictada por esta misma sala del 16 de diciembre de 2020, y que fue firme el 20 de enero de 2022, por lo que ha requerido su ejecución "forzosa".

En el grueso de la sentencia, ha incidido el TSJC, se reconoce la libertad de la Generalitat para determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales, porque "lo determinante" no es el "medio sino el resultado".

"Lo que se condena es una inactividad en los dictados de las normas, instrucciones o actos de aplicación que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la educación o el ejercicio de la potestad de control", dice la sala en su resolución.

La sala ha constatado así que las iniciativas desplegadas por la Generalitat "no tienen un resultado concreto que se proyecte en estos momentos en la actividad de los centros escolares", por lo que se ha dado una situación de no ejecución, una vez finalizado el plazo del que disponía el Govern.