Se ha impuesto, en cierta medida, la tesis de Junts. El Govern ha creado un fondo complementario de 10 millones de euros para hacer frente a las fianzas que el Tribunal de Cuentas requiere a una cuarentena de ex altos cargos por la promoción del procés en el exterior. No se trata de un desplazamiento patrimonial de la Generalitat, sino que funcionará como una aseguradora siendo, de entrada, el Institut Català de Finances (ICF) quien lo gestione, sin que “ningún servidor público” pueda verse perjudicado por el ejercicio de sus competencia ni se produzca una malversación de dinero público. Así lo razonaron la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró, quienes precisaron que no se perderá la titularidad del Ejecutivo hasta que haya sentencia judicial firme y se agote la vía de Estrasburgo. En ese momento la Administración reclamará el retorno del montante al afectado particular, que deberá devolver todo el capital, intereses y costas de gestión financieras.
Este paso se da en coordinación con la reactivación de la Caja de Solidaridad, entidad que se creó para encarar los gastos jurídicos y responsabilidades económicas derivadas del proceso soberanista. La decisión del gabinete de Pere Aragonès “tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo” de la “indefensión” a la que se ven sometidos por la represión económica provocada por el órgano contable español. Pero la reacción de la derecha en el Estado no se hizo esperar. El PP, que al igual que C’s y Vox recurrirá la medida, anunció que pedirá la inhabilitación de quienes aprueben avalar desde el Govern, hasta el punto de que Pablo Casado exigió a Pedro Sánchez que evite esta “inadmisible malversación, un fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado”. “Su mesa con independentistas no permite la prevaricación”, señaló el líder popular. Sánchez admitió desde Estonia que su Gobierno se halla estudiando con detenimiento el asunto, que ha acogido con reservas, y a partir de ahí “si está sujeto a derecho, nada que objetar y, si no, evidentemente tendremos que recurrirlo”.
Nada que ver con la posición mostrada, entre otros, por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, tras reunirse con Aragonès. Esta medida “frena los efectos inquisitoriales y anacrónicos de este organismo del Estado español”, señaló. Y añadió: “Detener esta represión debe ser una obligación y el Govern ha hecho lo que tenía que hacer: proteger a los servidores públicos que hicieron su trabajo de acuerdo con el mandato democrático de la Generalitat”. En un dardo hacia Sánchez, subrayó que la causa “recuerda que los conceptos grandilocuentes de concordia y magnanimidad, cuando no van acompañados de acciones, medidas y actitudes, son solo conceptos vacíos”.
La CUP se felicitó pero pidió al Ejecutivo catalán que evite “represaliados de primera y de segunda dejando de ser acusación” contra los activistas independentistas. Los comunes apelaron a que esta medida tenga “una base jurídica real para que el remedio no sea peor que la enfermedad”.
