El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dará a conocer mañana viernes su decisión sobre la validez o no de las restricciones que quiere mantener el Gobierno vasco una vez decaiga el estado de alarma en el Estado español. El lehendakari Iñigo Urkullu no ha querido hoy albergar esperanzas ni especular, y ha dejado ver que la tarea ha quedado cuesta arriba por la insistencia del presidente español en no prorrogar el estado de alarma, pero también por el pronunciamiento negativo de la Fiscalía vasca, que solo ve margen para limitar las agrupaciones y, para rizar el rizo, no ayudan los precedentes poco halagüeños con el juez de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior vasco, Luis Garrido, quien en su momento ya tumbó precisamente la limitación de las reuniones a seis personas, así como el cierre de bares en zona roja.

Cabe recordar que el juez Garrido sembró la polémica con unas declaraciones sobre el trabajo de los epidemiólogos, que valoró como una simple labor "estadística". "Un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo", señalaba en una tertulia radiofónica el día anterior a firmar el auto que forzaba la reapertura de la hostelería en zona roja. Unos días más tarde pidió perdón "por su desafortunada expresión".

OPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía vasca se opone al toque de queda y los cierres con el argumento de que no se puede limitar el derecho a circular "por territorio nacional" a un colectivo indeterminado y genérico sin estado de alarma. Queda por despejar si el tribunal, como pide el Gobierno vasco, va a entrar a valorar si es proporcional por la situación de la pandemia, o se va a quedar en el análisis estrictamente legal como la Fiscalía.

Un veto dejaría como único camino a las comunidades acatar la decisión o acudir al Supremo, donde está por ver si una decisión favorable de ese tribunal sobre un caso concreto sería aplicable de manera automática en todos los territorios y abriera la puerta, por ejemplo, a que Urkullu por vía indirecta pudiera repescar algunas cuestiones para su decreto. Lo que ya descartó el miércoles la ministra Darias es la opción de ofrecer como último recurso un estado de alarma parcial en un territorio que no consiga ningún aval judicial a sus medidas. En el peor de los casos, algunas comunidades podrían quedar abocadas a una acción de mínimos, al control de aforos y horarios en la hostelería y la actividad comercial.

Urkullu apuesta por incorporar medidas con "garantías", y dice que serán "razonables y razonadas". Sobre la opción de la alarma parcial, ha recordado que el Gobierno español también ha expresado su "negativa". Lamenta no haber recibido "respuesta" a las propuestas remitidas a Sánchez para afinar en la cogobernanza y las garantías.