Los líderes independentistas condenados por el "procés" han renunciado a presentar alegaciones ante el Tribunal Supremo para defender su indulto, con la excepción del exconseller Santi Vila, que aún lo está meditando, según han informado fuentes jurídicas.

El presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, fue el primero que ayer presentó un escrito ante el Tribunal Supremo -horas después de que la sala emplazara a las defensas a presentar sus alegaciones- en el que evitaba pronunciarse sobre el indulto argumentando que su prioridad es la amnistía.

Esta mañana se han sumado a su iniciativa los presos de ERC -Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carme Forcadell- y el exconseller Carles Mundó, a quien el indulto podría afectar a la condena de inhabilitación que se le impuso por un delito de desobediencia.

En un comunicado, los líderes independentistas de ERC han argumentado que el trámite de alegaciones a las defensas abierto por el Supremo obedece a "cuestiones meramente políticas" y que la solución al conflicto político entre Catalunya y el Estado español "tiene que ser colectiva y pasa por la amnistía".

Tras reunirse esta tarde con su abogado, Jordi Pina, en la cárcel de Lledoners, los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez han decidido que tampoco responderían por escrito al Supremo para defender su indulto, aduciendo que no se sienten "interpelados" por el tribunal.

Tampoco lo hará el exconseller de Interior Joaquim Forn, otro de los políticos presos en la cárcel de Lledoners, ni la exconsellera Meritxell Borràs, que como Mundó fue condenada solo a una pena de inhabilitación, han añadido las mismas fuentes.

En el caso del exconseller Santi Vila, condenado solo a inhabilitación por desobediencia, su defensa no ha decidido aún si presentará alegaciones sobre el indulto.

El Tribunal Supremo dio ayer un plazo de cinco días a los doce líderes independentistas condenados por el "procés" para que aleguen lo que consideren oportuno en relación a las peticiones de indulto.

Se trata del último paso antes de que la Sala de lo Penal, como tribunal sentenciador, emita su informe preceptivo pero no vinculante para el Gobierno, que será el que decida si otorga los indultos.

Para ello, los magistrados deberán estudiar no solo los informes de los condenados, sino de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

Esta última ha evitado manifestarse a favor o en contra de la concesión del indulto, aunque ha destacado la reparación del daño económico ligado al delito del malversación, una vez que se han depositado 4,1 millones en el Tribunal de Cuentas.

La posición de la Abogacía contrasta con la de la Fiscalía, que sostiene que los condenados deben cumplir las penas sin "atajos" y por eso se ha opuesto de manera tajante a la concesión de los indultos, una medida que, subraya, no puede operar "como moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios".