La reparación de las víctimas de abusos policiales es uno de los desafíos clave para el Gobierno vasco y quiere blindar este proceso y que se desarrolle con todas las garantías posibles para evitar su cuestionamiento por intereses políticos u otras estrategias. De ahí que sea una comisión de expertos la encargada de recibir las solicitudes, entrevistar a los ciudadanos, y valorar la veracidad. En ella figuran juristas, forenses y psicólogos expertos en víctimas, lo que da a esta comisión un dominio en varias disciplinas para favorecer que atine en su diagnóstico y sea fiable.

En la respuesta parlamentaria a PP+C's, la consejería de Artolazabal reitera que su composición es la ya conocida, con la excepción de los tres cambios que se han producido en los miembros designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal, en dos suplentes y un titular: David del Valle y su suplente Alberto Ramírez son sustituidos por Víctor Verano y Julia Lamas; y el suplente del perito Benito Morentín, Carlos Cubero, ha sido reemplazado por José Luis Cárdenas. Los otros dos titulares, el perito forense Benito Morentín y la psicóloga con experiencia en materia de víctimas Mariam Elicegui, permanecen sin cambios.

Para el resto de integrantes, el Gobierno se remite a la lista publicada en el Boletín Oficial del País Vasco en junio de 2018. La comisión cuenta entre sus filas con la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando; y la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, además de varios miembros nombrados por el Gobierno vasco y el Parlamento. Las tres personas titulares nombradas por el Parlamento son el prestigioso forense Paco Etxeberria (ha participado en más de cien exhumaciones por todo el Estado), Juana Balmaseda (de la comisión jurídico-penitenciaria del colegio de abogados de Bizkaia y experta en la situación de las mujeres en las cárceles vascas) y Eloína Mayo (ha asesorado al Gobierno vasco sobre inmigración). Las tres sugeridas por el entonces secretario de Convivencia, Jonan Fernández, fueron el jurista Jon Mirena Landa; Sabino Ormazabal, quien ya formó parte de la comisión del decreto para el periodo 1960-1978, y el historiador Luis Salas.