La Mancomunidad de Iparralde reclama el derecho a la diferenciación

EAJ y EH Bai recuerdan que la mayoría demandaba una institución con más competencias propias

03.01.2021 | 00:53
Jean René Etchegaray reclama al Gobierno francés el derecho a la diferenciación para la Mancomunidad de Iparralde.

La mancomunidad de Iparralde llega estos días a su cuarto aniversario. La primera entidad del territorio cuenta con un presupuesto de cerca de 600 millones de euros para desarrollar 21 competencias en un territorio con 310.000 habitantes. La Mancomunidad, propuesta por el Gobierno francés dentro del proceso de descentralización y aceptada por más del 70% de los cargos electos de Euskadi norte, vio la luz el 1 de enero de 2017 y fue todo un hito. Desde los tiempos de la Revolución francesa los sucesivos gobiernos de Francia habían negado cualquier reconocimiento o entidad propia para el País Vasco.

La nueva institución, que gestiona competencias como los transportes, el desarrollo económico, la vivienda o el suministro de agua potable, reúne por primera vez a los 158 municipios de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa,que cada año acogen a tres mil nuevos habitantes. En algunas localidades de la costa labortana, la mitad de los hogares son casas de veraneo, por lo que se complica enormemente para la población local encontrar una vivienda. Así las cosas, muchas personas optan por vivir en localidades del sur de Las Landas o de las zonas rurales del interior. Aunque todas las comarcas están conectadas gracias a diferentes líneas de autobús, que circulan desde Irun hasta Maule, pasando por Baigorri y Baiona, la falta de lógica en algunos itinerarios hace que el 83% de los ciudadanos siga usando su vehículo particular, lo que provoca fuertes retenciones, sobre todo en la comarca de Baiona. En unos meses, la Mancomunidad estrenará la segunda linea del autobús eléctrico TramBus, fabricado por Irizar, para unir el sur de Las Landas y el sur de Baiona, buscando la forma de aliviar los problemas de tráfico.

La nueva entidad también gestiona las iniciativas culturales y, en un estado que en el que las lenguas minoritarias no gozan de ningún estatus legal, es significativo su reconocimiento como lenguas propias del euskara y el gascón, que dominan respectivamente el 30% y el 5% de la población.

El pasado mes de julio, el alcalde centrista de Baiona, Jean René Etchegaray, único candidato a la presidencia fue reelegido al mando de la institución tras obtener el apoyo del 63% de los representantes, entre ellos, el de Xole Aire, la nueva alcaldesa de la localidad bajo navarra de Urepele. "Confío en que la Mancomunidad vaya por buen camino y se construya poco a poco, pero para ello tienen que tener en cuenta las aportaciones de todos los electos, tanto de los de las ciudades como de los de pueblos rurales. Tiene que garantizar más proximidad para que todos los ciudadanos sienten suya la nueva entidad" explica la primera edil. Otros alcaldes lamentan que la mayoría de las inversiones se realicen en las zonas más pobladas y aseguran que están alerta para evitar que las zonas rurales salgan perjudicadas.

En palabras de Peio Etxeleku, nuevo presidente del Ipar Buru Batzar de EAJ, concejal en Kanbo y miembro de la Mancomunidad, la nueva institución representa un primer paso. "Los jeltzales valoramos positivamente que por primera vez colaboren los cargos electos de las grandes ciudades de la costa labortana, y los de Larraine, Behorlegi o Biriatu. Cada uno tiene una voz, un peso y resulta interesante optar por la colaboración, tal y como hacía antiguamente el Biltzar" afirma Etxeleku. No obstante, lamenta que haya todavía demasiada centralización. "La nueva institución carece de rapidez y de proximidad y hay que corregir este error cuanto antes para no poner en riesgo su futuro".

La portavoz de EH Bai Anita Lopepe se congratula de que de los 232 representantes de la Mancomunidad unos 40 pertenezcan a la izquierda abertzale y que tres de ellos participen incluso en la ejecutiva para gestionar la ordenación del territorio, el turismo y la política lingüística. "Actuamos con toda nuestra energía sin olvidarnos de que se trata de un primer paso dado que la mayoría reclamaba una Colectividad Territorial Específica y no una mancomunidad" señala la portavoz de la izquierda abertzale en Iparralde. Una reivindicación a la que se une el líder de los jeltzales Peio Etxeleku. "Apenas tiene autonomía fiscal, tiene que conseguir más competencias y para ello, existen formulas dentro de la Constitución francesa" asevera.

Por su parte, el profesor de sociología en la UPV Eguzki Urteaga subraya que durante los primeros tres años la Mancomunidad se ha estructurado y ha asumido todas las competencias que le otorga la legislación en vigor. "La ley también contempla posibles transferencias desde los gobiernos francés, de la región Nueva Aquitania y del departamento de Pirineos Atlánticos hacia Baiona. Hay que fijar acuerdos, plazos, financiación e ir más allá para que la Mancomunidad deje de ser un foro de cargos municipales y que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes".

El propio presidente Jean René Etchegaray recuerda que está dispuesto a profundizar en un mayor reconocimiento de Iparralde: "El presidente de la República y el Gobierno francés llevan año y medio preparando una reforma constitucional para proponer el derecho a la diferenciación que apelamos, pero el proceso se atrasó por la protesta de los chalecos amarillos". Etchegaray ya ha mantenido varios encuentros con Jacqueline Gourault, la ministra encargada de estas cuestiones a la que explicó su voluntad de crear una oficina pública de agricultura y alimentación sostenible, y para impulsar la política lingüística a favor del euskara.

"Personalmente quiero este cambio, ya que concedería el sufragio universal directo e Iparralde ya está preparada para este desafío" insiste el alcalde-presidente que, como todos los cargos electos, tiene que hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica del covid. Etchegaray, en este sentido, todavía no ha respondido a los hosteleros, que tras un cierre de seis meses no saben si la Mancomunidad va a rebajar algunos impuestos.

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