El nuevo juicio al líder de EH Bildu Arnaldo Otegi por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna y que el Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional repetir tras anular la sentencia por la que en 2012 fue condenado a 6 años y medio de cárcel por pertenencia a ETA, puede tardar meses en celebrarse por diversos motivos.
En primer lugar debe constituirse un tribunal con diferentes magistrados a los que juzgaron esta causa -el intento de reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune-, y que correspondió a la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
De este modo, corresponderá a los dos magistrados de esta sección que no intervinieron en este procedimiento, Carmen Paloma González y Fermin Echarri, celebrar la nueva vista oral, según han informado fuentes consultadas en la Audiencia Nacional.
Para completar el tribunal será por tanto necesario incorporar a otro magistrado de las tres secciones restantes de la Sala de lo Penal, decisión que aún no se ha tomado, dado que antes de poner en marcha la maquinaria judicial, el Supremo debe remitir a la Audiencia Nacional la sentencia en la que acuerda la repetición de este juicio y que se notificó ayer, días después de hacerse público el fallo.
Un proceso complicado
Uno de los primeros obstáculos que tendrán que despejar esos tres magistrados será decidir sobre la situación de uno de los seis acusados en esta causa por ser actualmente diputado en el Parlamento vasco y por tanto aforado, Arkaitz Rodríguez.
La Sala deberá dilucidar si debido a ese aforamiento debe inhibirse con respecto de él al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o si, por el contrario, al haber sido elegido diputado después de que en su día se dictara la apertura de juicio oral, no estaría aforado en este caso y tendría que ser juzgado en la Audiencia Nacional junto a los otros 5 acusados por estos hechos.
Otro problema que surge es el número limitado de salas de juicio, en una ya congestionada Sala de lo Penal, y para cuyo uso tienen preferencia las causas con preso, que son de carácter urgente, así como los señalamientos previos.
La única posibilidad de poder adelantarlo, según las fuentes, sería que uno de los juicios que estuviese señalado para varios días quedase zanjado el primer día con un acuerdo de conformidad entre las partes que dejaría libre una de las sala de vistas.
A todo esto se une la situación de la pandemia que ha provocado aplazamientos de juicios ya señalados y el retraso en la celebración de otros.
Por todo ello, las fuentes consultadas han destacado que el juicio no será "inmediato" a no ser que el tribunal aprecie "un motivo" de urgencia, que consideran que en este caso no se daría, y si bien han admitido que es difícil "aventurar" cuándo podrá celebrarse han considerado que por todas estas cuestiones que Otegi puede tardar meses en volverse a sentar en el banquillo de los acusados.
El recorrido judicial previo
Otegi y el exdirigente sindical abertzale Rafael Díez Usabiaga fueron condenados por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión por pertenencia o integración en organización terrorista y otros tantos de inhabilitación, mientras que al resto -Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez- les impuso 8 años de cárcel.
Al revisar la sentencia, el Supremo rebajó las penas a entre 6 y 6 años y medio, un fallo que más tarde avaló el Tribunal Constitucional; no así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en noviembre de 2018 acabó dando la razón a los condenados al considerar vulnerado su derecho a un juez imparcial, debido a un comentario que hizo en el juicio la presidenta del tribunal.
Ahora, en cumplimiento de esa resolución del TEDH, que no fue recurrida en su momento por la Abogacía del Estado, el Supremo ha anulado la sentencia que llevó a Otegi a prisión y, siguiendo el criterio del fiscal, ha acordado repetir el juicio con un nuevo tribunal.
