La familia Franco devolverá el jueves al Estado el Pazo de Meirás, que pasará al patrimonio público 82 años después de ser entregado al dictador y como resultado de la ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que condenó a su devolución.
El traspaso de la propiedad será provisional, a la espera de que se dicte una sentencia definitiva, lo que tendrá lugar una vez que se agoten todos los recursos posibles. De hecho, la familia Franco ya presentó uno contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
Este miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, se reúne en la Delegación del Gobierno en A Coruña con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de administraciones implicadas en la entrega del Pazo de Meirás a Patrimonio del Estado.
Dicha entrega se produce en la misma semana en la que se ha conocido el inventario de bienes realizado por técnicos de la Xunta y de Patrimonio Nacional, un total de 697 recogidos en el informe elaborado por los representantes de la Consellería de Cultura, de ellos 81 en el exterior y 616 en el interior del pazo. Los mismos incluyen desde las estatuas y retablos medievales, cuadros de Emilia Pardo Bazán o del propio dictador y su mujer Carmen Polo hasta mobiliario de la familia real, según recoge Patrimonio Nacional en su informe.
Sentencia favorable
A la entrega del inmueble, fijada para las 11.00 horas, le han precedido numerosas protestas de entidades sociales y organizaciones políticas en demanda de una devolución calificada de "histórica", y de escritos judiciales de las dos partes en conflicto desde que el pasado 2 de septiembre el juzgado coruñés estimó la demanda interpuesta por el Estado y lo declaró propietario del Pazo de Meirás. El fallo condenó a los herederos del dictador a la devolución del inmueble sin ser indemnizados por los gastos en los que afirmaban haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada, el de A Coruña y la Diputación coruñesa respaldaron la postura de la Abogacía del Estado frente a la oposición a la misma de los demandados: seis familiares del dictador Francisco Franco y una sociedad limitada.
Una vez culminada la vista, la magistrada Marta Canales declaró en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".
En su fallo, sostiene que esa donación no se hace a Franco a título personal, como argumentaron los letrados de la familia, "sino al jefe del Estado". Además, concluyó que la compraventa de mayo de 1941 fue una "simulación" con lo que determina la nulidad de la misma, al tiempo que también declaró nula una donación en una escritura del año 1982.
