Felipe VI rompe con el rey emérito

el jefe de estado renuncia a la herencia de su padre tras las informaciones sobre sus actividades ilegales, que zarzuela admite que conocía desde hace un año

16.03.2020 | 01:06
El actual monarca Felipe VI, junto a su padre Juan Carlos I, en una fotografía de archivo. Foto: Efe

madrid – En medio de la crisis del coronavirus y con el país en estado de alarma, la Casa Real sorprendió ayer por la tarde haciendo oficial un anuncio de gran trascendencia: la renuncia del rey Felipe VI a la herencia de su padre Juan Carlos I y la retirada de la asignación oficial a este último. El actual monarca se compromete también a no recibir ningún "activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada", explica un comunicado de la Casa Real.

La Zarzuela emite este anuncio a raíz de las informaciones publicadas por varios medios respecto a que Felipe VI aparece como beneficiario de dos fundaciones llamadas Zagatka y Lucum. Esta última está investigada por recibir una supuesta donación de Arabia Saudí de 65 millones de euros y, según publica el diario británico The Telegraph, el rey figura como segundo beneficiario.

En el caso de Zagatka, la Casa Real afirma que el jefe de Estado lo desconocía, pero que en tal caso renuncia a ella; en el de Lucum, revela que tuvo conocimiento en marzo de 2019 por un despacho de abogados, el que representa a Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Añade el comunicado que, en abril, Felipe VI compareció ante notario para manifestar que había dirigido una carta a su padre para que "si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias" como beneficiarios de la Fundación Lucum, la dejase sin efecto, "manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad".

De esta manera, el monarca intenta protegerse de los escándalos financieros que salpican a su padre y poner una barrera de por medios. A efectos prácticas, el movimiento de ayer supone la ruptura total con el rey emérito, al que incluso se le retira la asignación pública. Asimismo, la Casa Real revela que Juan Carlos "ha designado para su representación al abogado "Javier Sánchez-Junco Mans que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes".

También recuerda que el 27 de mayo de 2019 Juan Carlos anunció que en junio de ese año ponía fin a toda actividad institucional u oficial, "retirándose completamente de la vida pública". Hasta ahora, en los Presupuestos de la Casa del Rey, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, constaba una asignación de 194.232 euros para el rey emérito, que no recibirá a partir de ahora.

Más a fondo, el comunicado detalla que Felipe VI tuvo conocimiento hace un año de su vinculación con Lucum y se desvinculó de ella ante notario. En concreto, relata que el rey supo de su "supuesta designación" como beneficiario por una carta, fechada el 5 de marzo de 2019, del despacho de abogados Kobre&Kim (U.K.), que no aportaba "ninguna justificación documental". La designación sería "desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos". De esta forma, el actual monarca conocía desde por lo menos hace un año la existencia de los fondos irregulares de su padre, aunque no lo ha hecho público hasta el momento en que se ha visto presionado por la sucesión de informaciones y filtraciones al respecto.

Según Zarzuela, el rey sí adoptó "preventivamente" otras decisiones, empezando por enviar una copia de la carta a su padre y "a las autoridades competentes". Además, compareció ante notario, el 12 de abril de 2019, para manifestar que había dirigido una carta a su padre en la que le pedía que dejase sin efecto la designación, si era cierta, y le comunicaba que no aceptaría ninguna participación en la entidad. En esa carta, el jefe de Estado manifestaba supuestamente "no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento" para participar en su nombre en ningún activo, inversión o estructura financiera "cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad".

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