La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves su "intención" de reformar la regla de gasto -que impide aumentar el gasto público por encima de una determinada referencia ligada al crecimiento- para dar "mayor margen" a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Durante su intervención en el Congreso de los Diputados para defender el límite de gasto no financiero para este año y la senda de estabilidad presupuestaria para los próximos ejercicios, Montero se ha mostrado partidaria de "recoger" la petición de flexibilizar la regla de gasto planteada por EH Bildu, ERC, Compromís o Más País.
Además de cambiar esta nueva metodología de regla de gasto, la ministra ha señalado que también se flexibilizará el uso de las denominadas inversiones financieramente sostenibles -que quedan excluidas del cómputo de la regla para las administraciones en superávit-, ya que se permitirá un mayor volumen de estas y se incorporarán nuevos conceptos como la lucha contra la despoblación o el fomento del empleo.
Montero ha defendido en su intervención la senda de corrección del déficit público para los próximos años -1,8 % del PIB en 2020, 1,5 % del PIB en 2021, 1,2 % del PIB en 2022 y 0,9 % del PIB en 2023- para adaptarla a la realidad "económica, social y política" del país.
Ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos para apoyar esta senda porque su rechazo implicaría reducir la capacidad de gasto de la Seguridad Social en casi 7.500 millones de euros y de las comunidades autónomas en 3.500 millones.
Ha aludido en concreto a Junts Per Catalunya, a quien ha pedido el voto para poder "abordar los problemas cotidianos" en paralelo a los avances en el diálogo político.
Con respecto al límite de gasto no financiero para 2020 -que el Gobierno sitúa en 127.609 millones y que solo se informa a las Cortes, sin votación-, la ministra ha defendido que es "coherente con la previsión de crecimiento".
