MADRID - Vox advirtió desde el principio de que sus apoyos a la formación de gobiernos autonómicos no eran gratis y ya ha comenzado a cobrárselos en los presupuestos de Murcia y Andalucía, en los que ha conseguido dejar su marca y sacar adelante compromisos claros no exentos de polémica. De las 100 medidas para la España Viva que conforman su programa electoral, el partido de Santiago Abascal ha colocado ya alrededor de un 10% en las cuentas públicas como pago a su respaldo a los gobiernos territoriales. Un primer paso imprescindible para pasar de las palabras a los hechos al situar directamente sus propuestas políticas en la acción de los gobiernos para que sean aplicadas.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que gobierna en coalición con C's gracias al apoyo de Vox, fue el primero en incorporar propuestas de la formación de ultraderecha en los presupuestos. Al Gobierno andaluz le ha seguido esta semana el de Fernando López Miras en Murcia, donde también fue necesario el respaldo de Abascal y los suyos para que gobernaran PP y C's. En Madrid, el Gobierno de coalición de populares y naranjas ha prorrogado las Cuentas de 2019 hasta que el Ejecutivo español le comunique los ingresos a cuenta que le corresponden para 2020, por lo que aún no hay una negociación propiamente dicha, pero la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ya ha manifestado sus principales exigencias. La reducción del gasto político "ineficaz", la eliminación de "subvenciones ideológicas" y medidas "ambiciosas" de bajada de impuestos son las tres grandes condiciones que plantearán.

El compromiso más relevante que ya ha arrancado Vox es el pin parental. Los centros educativos tendrán que solicitar una autorización expresa a los padres para que decidan si sus hijos pueden participar en actividades complementarias que afecten a cuestiones morales socialmente controvertidas o a la sexualidad. Esta medida, que Vox encuadra en la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos frente al "adoctrinamiento en ideología de género", será recurrida por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Entre las numerosas medidas contra la inmigración irregular recogidas en su programa electoral, ha introducido varias relacionadas fundamentalmente con los menores inmigrantes no acompañados. Según el acuerdo alcanzado en Murcia, el Centro de Santa Cruz dejará de utilizarse como espacio de alojamiento de estos niños "a la mayor brevedad posible".

Medidas fiscales, caza, toros... Asimismo, habrá una reducción de las subvenciones a los agentes sociales; se desarrollará un paquete de medidas fiscales y de rebaja de tasas a favor de las familias; e incluirá una reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención de su pago a las familias numerosas. El pacto en Andalucía incluye 300.000 euros para la puesta en marcha de un teléfono para atender a las llamadas víctimas de violencia intrafamiliar, renegando del concepto de violencia machista. Los de Abascal también han conseguido arrancar compromisos para la defensa de la caza, que se llevará a los colegios, y la protección de la tauromaquia.