bilbao - El Ejecutivo español se ha decidido por fin a abonar a las comunidades autónomas las deudas por el concepto de entregas a cuenta de 2019, reclamación que venía cobrando fuerza desde las administraciones territoriales en las últimas semanas, con los presidentes regionales presionando para que se pagaran las cantidades antes de las elecciones del 10-N. De esta manera, y tras recibir el visto bueno de la Abogacía del Estado, el Gobierno socialista desvinculará en puertas de las elecciones estas partidas económicas de los Presupuestos y tramitará un decreto en el Consejo de Ministros que permita liberar los fondos adeudados.
Las autonomías reclaman al Estado cantidades que alcanzan los 5.000 millones de euros; sin embargo, el gabinete de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa la cifra de 4.500 millones, partida a la que prevé dar luz verde en los próximos días. Moncloa se escudó en un principio en que su situación de interinidad no le permitía abonar las deudas regionales, para después rectificar y abrirse a las reclamaciones regionales. Ahora, en plena precampaña, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado el pago a las comunidades y cierra en parte el conflicto territorial, entre algunas acusaciones de electoralismo por parte de la oposición.
Así, quince autonomías -todas menos la CAV y Nafarroa, que cuentan con su propio sistema fiscal- serán las beneficiarias de las partidas. Una de las mayores deudas del Estado es con Catalunya, que reclama 874 millones de euros. Fue precisamente la Generalitat quien puso sobre la mesa el asunto, cuando en agosto anunció que acudiría a los tribunales si no recibía las cantidades adeudadas. Este gesto activó las reclamaciones en las comunidades gobernadas por el PP, que se lanzaron en tromba a criticar al Gobierno socialista.
El propio presidente del PP, Pablo Casado, se pronunció ayer sobre el desbloqueo de las partidas y acusó a Sánchez de utilizar a su antojo la Abogacía del Estado, con fines partidistas. A juicio de Casado, los socialistas se dedican a “manosear” a los letrados y a utilizar el dinero de los contribuyentes “como arma electoral o para sus intereses como partido”. En la misma línea, no entiende cómo lo que hace unas semanas “era imposible” puede ahora llevarse a cabo. “Como hay campaña electoral, la Abogacía del Estado es utilizada para decir que sí se pueden abonar a las comunidades las entregas a cuenta”, argumentó.
Entre las autonomías gobernadas por los populares, la Junta de Andalucía reclama al Estado 1.350 millones de euros, de los que 837 corresponden a las entregas a cuenta y el resto, a la liquidación del IVA de 2017, concepto este último que también exigen cobrar las regiones. Al hilo de esta reclamación, el Parlamento andaluz reprobó ayer a la ministra Montero por “incumplir de manera flagrante” los compromisos con la comunidad.
Entre las regiones cuyos gobiernos están en manos del PSOE, la Comunidad Valenciana reclama 450 millones de euros por las entregas a cuenta, mientras que Aragón las cifra en 400 millones y Castilla-La Mancha en 360. Por su parte, Cantabria y La Rioja están recalculando la deuda, mientras que Euskadi y Nafarroa no recibirán cantidad alguna al regirse por el Concierto Económico y el Convenio.
ayuntamientos Una vez puestos en marcha los pagos a las comunidades autónomas, los ayuntamientos también quieren su parte. En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) exigió ayer al Ministerio de Hacienda que, si ha encontrado la fórmula para abonar las deudas a las regiones, aproveche también para ingresar a los consistorios los 1.203 millones pendientes por el mismo concepto de entregas.
El presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero (alcalde de Vigo), dijo ayer que ha enviado una misiva a la ministra María Jesús Montero para reclamarle que trate por igual a los ayuntamientos y a las regiones. Recuerda asimismo que, al estar prorrogados los Presupuestos, no han recibido las actualizaciones de ingresos de 2019, idéntica situación a la de las autonomías.
