bilbao - La brecha que separa a EH Bildu del resto de los partidos a la hora de analizar el pasado de ETA es cada vez más profunda. La coalición se quedó ayer en absoluta soledad a la hora de justificar los recibimientos a los presos tras abandonar la cárcel. Y lo hizo, además, retrocediendo sobre la posición que mantuvo ante una iniciativa similar en 2018, porque ha pasado de la abstención al voto en contra de una propuesta que rechazaba esos actos. El debate regresó ayer al Parlamento Vasco de la mano del PP. Pero la discusión no se produjo en el terreno de lo judicial, en torno a que la Ertzaintza y el Gobierno vasco impidan esas exhibiciones públicas, sino que se centró en el plano ético y en exigir a la izquierda abertzale que cese la ostentación porque daña la convivencia. El consenso se sitúa en esos parámetros, que son los que defiende el lehendakari, quien ve difícil ir a los tribunales porque la jurisprudencia es clara y no hay delito si no se produce una llamada clara a la violencia. El debate es ético, por el dolor generado a las víctimas. La proposición no de ley del PP, que inicialmente sí pedía al Gobierno vasco evitar esos actos, desembocó en una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos salvo EH Bildu.

El texto lo firmaron PNV, PSE, Elkarrekin Podemos y PP, que en 2018 solo se sumó parcialmente. No se cita ninguna medida judicial ni policial y se pone el peso en exigir a la izquierda abertzale que abandone esa ostentación pública por respeto al dolor de las víctimas y para no dañar la convivencia. Se pide que las instituciones trabajen para deslegitimar la violencia y proteger a las víctimas, pero sin aludir a los tribunales. El popular Carmelo Barrio mantiene su apuesta por el Código Penal, pero ayer no quiso desmarcarse. Julen Arzuaga, desde EH Bildu, intentó buscar un punto débil a este consenso avisando al Gobierno vasco de que el PP va a apretar pidiendo que envíe a la Ertzain-tza, pero Barrio le pidió que no ejerza de intérprete de sus intenciones, y dijo que era un “mal día” para Bildu. Arzuaga quiso llevar el debate al terreno jurídico y no de empatía con las víctimas, para decir que no hay enaltecimiento y, por ello, no hay ofensa.

LOS ACTOS Este debate se reactivó en verano con dos actos en Hernani y Oñati que iban más allá de meras celebraciones familiares y entraban de lleno en el terreno de la exhibición pública con bengalas y pasillos humanos en la calle. Los actos por José Javier Zabaleta, Baldo, y Xabier Ugarte, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, desataron una polémica que obligó a pronunciarse a Arnaldo Otegi, quien dio su aval político a los actos y dijo que se intenta prohibir “el derecho al abrazo”. El Foro Social, con cierta ascendencia dentro de la izquierda abertzale, aconsejó sin embargo que se celebraran a puerta cerrada. Presionado por la imagen de ayer, Otegi volvió a hablar para denunciar la “curiosa” alianza entre quienes “no condenan el franquismo” (PP) y los que querían “romper el candado de 1978”, en alusión a Podemos.

El pleno llegaba después de que en 2018 se aprobara una declaración de rechazo a los homenajes, esa vez con la abstención de Bildu. Barrio criticó que los homenajes han continuado, y con presencia de menores. Barrio desgranó la propuesta aprobada, en virtud de la cual “el Parlamento Vasco rechaza de nuevo los actos de reconocimiento con ostentación pública a los presos de ETA que salen de la prisión e insta a quienes los organizan y promueven a que dejen de hacerlo por sensibilidad hacia las víctimas y al dolor de sus familias, por respeto a la memoria crítica del pasado y para evitar que se conviertan en un elemento de división y en una dificultad añadida de la construcción de la convivencia democrática”. También se insta a los poderes públicos a garantizar el derecho a la reparación de las víctimas y eliminar los agravios sufridos y “los que pudieran provocárseles”, así como “adoptando las medidas que eviten su ofensa, humillación y revictimización”. No se concreta ninguna medida policial ni la presentación de denuncias. Barrio admitió que su texto inicial era “exigente” en ese ámbito, pero deja ese asunto para reclamarlo por otra vía. La propuesta acaba con un llamamiento a las instituciones para deslegitimar la violencia.

Arzuaga argumentó que se están mezclando conceptos y solo se están produciendo recibimientos, no homenajes. Y que el PP no pretende solo rechazar estos actos, sino castigarlos por la vía judicial. “Estos actos son expresiones de acogida a una persona en el pueblo, a una persona que ya ha cumplido su condena. No se pueden vincular con enaltecimiento”, dijo.

El jeltzale Iñigo Iturrate rechazó los homenajes y pidió a la izquierda abertzale que sea valiente para admitir que “matar estuvo mal”: “Tan simple y tan difícil de asumir para algunos en este país. Y esa es la auténtica clave de bóveda de la convivencia. Hasta que no seamos capaces de compartir ese mínimo común denominador, va a ser muy complicado avanzar en proyectos de mayor dimensión”.

Desde Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra rechazó tanto los homenajes a ETA como a los GAL. Admitió que las familias tienen derecho a recibir a los presos, pero no a exaltar su figura. Se felicitó por que hayan quedado al margen las “medidas policiales y jurídicas”. El socialista Txarli Prieto dijo que “en estos actos en los que participan cargos públicos y políticos pertenecientes a Sortu y Bildu se busca el agradecimiento por los servicios prestados”.