Urkullu lanza la Ley de Memoria que pide sacar a los vascos del Valle y educar en clase

Con la presentación de este borrador, el debate parlamentario quedará centrado con total seguridad y en exclusiva en la iniciativa del Gobierno vasco, que se estaba cocinando desde el año pasado. El Instituto de la Memoria, Gogora, registró un informe en el Parlamento en octubre de 2018 que aconsejaba elaborar una ley, y encargó el primer borrador al experto Eduardo Barrera. Por ello, decaerá con toda probabilidad la propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que recoge el testigo de la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo.

Como cabía esperar, el Gobierno vasco anunció que se pronunciará en contra de la admisión a trámite del texto de Bildu y Podemos, y pedirá al Parlamento que se centre en el suyo. A los votos del PNV y el PSE se sumarán los del PP, y la iniciativa de Bildu y Podemos caerá. La oposición se ha enredado en quién lleva el liderazgo y qué fue antes, el huevo o la gallina. Tanto Bildu como Podemos han recibido el borrador del Gobierno vasco con una predisposición negativa porque dicen que la ILP llegó antes y que el Ejecutivo ha tratado de tomar la delantera y desactivarla.

En el fondo no parece que existan discrepancias insalvables, al margen del asunto de las indemnizaciones que no se precisan aún en el borrador de Lakua. La disputa podría tener poco recorrido porque, en cuanto caiga la propuesta de Bildu y Podemos y el debate se centre en la del Gobierno vasco como única vía, es probable que la izquierda opte por asumir el escenario y trabajar en las enmiendas para contribuir a la redacción.

La comunidad autónoma lleva tantos años trabajando en la memoria histórica que no hay grandes novedades en la ley, al margen del programa educativo y la exhumación de los vascos del Valle de los Caídos, del que va a ser extraído también el cadáver de Franco tras la decisión del Supremo, y que sigue siendo un lugar de peregrinaje ultra. El trabajo de las exhumaciones en suelo vasco está prácticamente completo, aunque puede aparecer aún algún hallazgo casual, y la ley prevé qué hacer en ese caso y cómo se debe avisar al ayuntamiento o la Ertzaintza. El valor de la propuesta radica en que todo lo que se hacía antes se hará con rango de ley, y se canalizará a través del Instituto de la Memoria, Gogora, dirigido por Ain-tzane Ezenarro. El borrador, al partir desde el Gobierno vasco, tiene que afrontar aún una larga tramitación con informes jurídicos y otros pasos burocráticos. Se estima que tardará unos meses en aprobarse en Consejo de Gobierno como anteproyecto. Será entonces cuando llegue al Parlamento. Muy rápida tendría que ser su tramitación para que entrara en vigor antes de que acabe la legislatura en otoño de 2020, o en primavera.

el contenido El borrador tiene once capítulos. Prevé conceder a las víctimas un “documento de reconocimiento personalizado de carácter institucional” para rehabilitar su honor, aunque no dará derecho de manera automática a una indemnización económica. Gogora tendrá que analizar un conjunto de medidas de reparación monetaria para valorar su viabilidad. Solo en la Guerra Civil, murieron unos 20.000 vascos. Se ofrecerán “herramientas didácticas para la inserción de la memoria histórica en el currículum educativo vasco”, y se promoverán visitas a museos e itinerarios relevantes en coordinación con el departamento de Educación. La ley también prevé poner en conocimiento de la Ertzaintza y la fiscalía los indicios de delito que se detecten. Habrá una jornada anual de recuerdo.

El Gobierno vasco, además, establecerá cauces de colaboración con el Estado para que las familias que lo deseen puedan exhumar a sus seres queridos del Valle de los Caídos. Es una tarea muy compleja desde el punto de vista político y forense, aunque ya hay sentencias de los juzgados que han abierto la espita y el Gobierno vasco pide voluntad política. En cuanto a la retirada de los símbolos franquistas de los espacios públicos, la mayor parte del trabajo se ha hecho ya, aunque queda algún vestigio y los ayuntamientos deberán remitir a Gogora, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, un informe con sus actuaciones. Se creará una Comisión Asesora de Entidades de Memoria que se reunirá cada seis meses.

El parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, dijo en una nota de prensa que el Gobierno vasco nunca quiso una ley y que esto va más allá de una “especie de pugna por apuntarse el tanto”, porque existe “una cuestión de fondo” y la propuesta de Bildu es “más ambiciosa”, de manera que el Ejecutivo, a su juicio, la ha querido frenar. Aludió a los mecanismos de reparación e indemnización, que se dejan abiertos en el borrador del Gobierno vasco, y que en la iniciativa de la oposición son “comparables a los de otras leyes ”. Podemos también recibió con desagrado que el borrador desactive su ley, según fuentes consultadas por DEIA. El parlamentario Jon Hernández ha realizado un primer análisis y, a falta de un estudio más detallado, coincide con Bildu y cree que el texto está “un poco verde” y anula lo que plantea la ILP. “Con el poco tiempo que queda de legislatura, el Gobierno tendría que haber permitido tramitar la ILP. Ha hecho caso omiso porque no le gusta y para alargar el proceso”, explican. Gogora va abrir contactos con los grupos y asociaciones.