iTALIA siempre ha sido considerado como el paradigma de la inestabilidad política. Tras la II Guerra Mundial, el país transalpino fue capaz de ir encadenando una crisis de gobierno tras otra, que, no obstante, no paralizó a un Estado capaz de hacer frente a las continuas vicisitudes institucionales. Sin embargo, en los últimos años la inestabilidad política se ha instalado también en el Estado español. Buena prueba de ello es que la ciudadanía deberá acudir de muevo a las urnas el próximo 10 de noviembre en lo que serán las cuartas elecciones generales en apenas tres años y medio (desde finales de 2015). Además, se ha visto un Gobierno (el encabezado por Mariano Rajoy) sostenerse en funciones y sin apoyo parlamentario durante diez meses, así como a otro Ejecutivo (también con Rajoy en La Moncloa) caer por primera vez desde el advenimiento de la democracia a través de una moción de censura.
Todo este trajín ha colocado a España en el top de estados con mayor periodo de Gobiernos en funciones. El ranking lo encabeza Bélgica, que en junio de 2010 inició un periodo sin Gobierno que se prolongó durante 541 días. Tras los belgas sigue Moldavia, nación que estuvo 528 días sin un Ejecutivo. El resto del grupo de países elegidos lo forman Camboya con 352 días, e Irak con 289. En el Estado, tras las elecciones de 2015 Mariano Rajoy encabezó un gobierno que estuvo en funciones 316 días hasta que convocó las elecciones que se celebraron en junio de 2016 y que le llevaron a jurar el cargo el 31 de octubre del mismo año. Ahora con Pedro Sánchez, el líder del PSOE lleva 148 días como presidente de un gobierno en funciones.
Otra época Las navidades de 2015 marcaron el fin de una época en el Estado. Casi cuatro décadas de alternancia entre las dos grandes fuerzas del centroderecha -primero UCD y después el PP- y el centroizquierda-PSOE-, con Gobiernos razonablemente estables y un calendario político bastante previsible, se derrumbaron el 20 de diciembre de ese año. El precario triunfo del PP de Mariano Rajoy y la estruendosa irrupción de nuevas fuerzas políticas, léase Ciudadanos y Podemos, abrieron paso a un panorama completamente desconocido y lleno de incertidumbres, cuyas consecuencias llegan hasta hoy. En estos tres años y medio, los ciudadanos han sido convocados tres veces a las urnas, la cuarta será dentro de mes y medio, han visto un Gobierno sostenerse en funciones y sin apoyo parlamentario durante diez meses, así como a otro Ejecutivo caer por primera vez a través de una moción de censura asentada en alianzas heterogéneas y difícilmente conciliables .
Esta inestabilidad política hace que el engranaje del Gobierno esté en la cuerda floja por las propias limitaciones que la ley impone a un Ejecutivo que está en funciones. Así, desde 2014 está caducada la ley de financiación autonómica, cuya renovación ni siquiera se planteó Rajoy. Junto a ella, la siempre también aplazada financiación de los Ayuntamientos -sometidos aún a una dura disciplina de gasto, pese a que el Gobierno de Sánchez ha relajado las reglas- a través de una ley por la que claman en la Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo, el Gobierno no podrá tramitar el techo de gasto.
Por otro lado, el mandato del Consejo General del Poder Judicial está caducado desde diciembre. El acuerdo para renovarlo parecía a punto, pero al final la trifulca política se lo llevó por delante. Del mismo modo sigue desactivado el concurso público para renovar el Consejo de Administración y la cúpula de RTVE, después de que un grupo de expertos trabajara en la selección de las decenas de profesionales que aspiraban a esos puestos. Falta que pasen por una comisión de nombramientos y sean votados por el Congreso y el Senado.
Sin presupuestos Las elecciones celebradas el pasado abril fueron consecuencia de la imposibilidad de Sánchez de sacar adelante los Presupuestos de 2019. Con las elecciones en noviembre, hay que pensar que el Estado español se encamina a una segunda prórroga presupuestaria. “Yo tengo que decir que, lo de los presupuestos, es una buena decisión seguir con los míos”, afirmaba Rajoy el pasado agosto. Ahora, el fracaso en la conformación de un nuevo Gobierno y la consiguiente convocatoria de elecciones impedirá la elaboración de unas nuevas cuentas para 2020, por lo que las de 2018 -las últimas que elaboró Cristóbal Montoro- tendrán que prorrogarse por segunda vez, algo que nunca ha ocurrido en democracia.
La falta de presupuestos tiene más impacto sobre la estabilidad política y la reputación del país ante los mercados internacionales que sobre la economía real. Aunque Sánchez ha prorrogado las cuentas este año, ha utilizado la vía del decreto para aprobar la revalorización de las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios y las iniciativas de los viernes sociales. Sin cuentas se pueden seguir acometiendo las inversiones públicas, pero cuando todos los indicios apuntan hacia otra crisis, la suma de inestabilidades, la política y la económica, se convierte en un cóctel muy explosivo.
